Degradación electoral en Cataluña

Ha arrancado la campaña de las elecciones catalanas del 14 F marcadas por las circunstancias excepcionales que rodean la cita y que la convierten en un objeto político difícilmente homologable. Se parte de la premisa que, aunque muy probable, no existe la seguridad plena de que los comicios se celebren en la fecha determinada. Queda pendiente una resolución judicial al efecto. Decimos que es un marco convulso e insólito, absolutamente extraordinario, porque además se ha convocado a los catalanes al sufragio en una tercera ola de la pandemia altamente agresiva, con escalada de muertos y alarmante presión hospitalaria. Las autoridades del Principado, así como las del Estado, garantizan que el proceso se desarrollará en un marco de seguridad, pero es difícilmente rebatible que no habrá normalidad y que los riesgos existirán. Si las condiciones sanitarias son las extremas del contagio, las políticas nos demuestran que todo es susceptible de empeorar. La deriva tóxica en la que Cataluña lleva inmersa los últimos años no ha tenido parálisis ni paréntesis siquiera con la crisis del coronavirus, y tampoco se beneficiará ahora de un proceso electoral en el que buena parte de los actores y sus fundamentos respeten los mínimos democráticos exigibles. El denominado «efecto Illa» es una criatura propagandística y de marketing fruto de la utilización torticera de un Ministerio y de un Gobierno para conformar una propuesta electoral presuntamente ganadora. Está por ver si el experimento será un éxito o no, pero es claro que la política se empequeñece con los trucos de tahúr y los abusos de poder. A la baza Illa el separatismo ha replicado con el «efecto presos» y la decisión de conceder el tercer grado a los condenados por el golpe contra el orden constitucional en abierto desafío a la autoridad del Tribunal Supremo, y que ayer mismo recibió el respeto del Gobierno. Los reclusos participarán activamente en la campaña si la Justicia, que ha frenado repetidamente este fraude de ley, no reconduce la iniquidad de la Generalitat en connivencia con las prisiones catalanas. Que sentenciados por delitos tan graves estén libres para alentar el proyecto que los llevó a prisión prueba que el sistema es incapaz de romper el bucle virtuoso de su decadencia. Hay una sobredosis de tacticismo y una contorsión de los valores y los deberes públicos hasta extremos casi sociopáticos en los que encaja un confinamiento intenso de los catalanes, cierre de múltiples comercios y ruina para la gente, con que se permita que se salte ese encierro solo para acudir a los mítines. Es una obviedad que Cataluña necesita un gobierno que se tenga por tal nombre y no una suerte de lobby conducido por la casta secesionista, que ha supeditado los problemas reales de la gente a las aventuras enloquecidas de las que viven, y muy bien, una tupida red clientelar. Urge, sí, superar la provisionalidad, pero no a cualquier precio. El porvenir es sombrío y este estado de degradación no ayuda.