La independencia judicial como virtud

Hay que creer sin medias tintas en la independencia de la justicia como clave de bóveda de una democracia plena. No puede haber espacio para la tibieza sobre el grado de ese necesario blindaje de los tribunales. Es ese conocido equilibrio de poderes, el «checks and balances», garantía contra las intromisiones o abusos en un Estado de Derecho. En España, la división entre ellos es hoy un anhelo que lastra nuestro régimen de libertades. La politización de la justicia es un permanente debate porque los partidos abrazaron en su día un giro en las normas constitucionales para colonizar en lo posible la Justicia. La renovación del Consejo General del Poder Judicial ha sido un endémico objeto de mercadeo en el que se garantizaba que el órgano de gobierno de los togados plasmara la aritmética parlamentaria y, lo que era más nocivo aún, las posiciones y estrategias de los partidos. Si se ha llegado al grado de desgaste y desprestigio presente del sistema, que afecta al frontispicio de la democracia, con más de mil días de interinidad en el CGPJ, ha obedecido a la voluntad de los partidos de preservar su influencia en un ámbito ajeno, pero decisorio, a cualquier precio. Carlos Lesmes, presidente del Supremo, reprodujo ayer en la apertura del Año Judicial el reproche de los últimos tres ejercicios a los grupos políticos responsables del colapso y apeló a su «patriotismo constitucional». Hay, sin embargo, matices. Que el gobierno de coalición haya intervenido el CGPJ con una reforma de dudoso anclaje constitucional y haya amagado con alterar la mayoría necesaria para elegir a los nuevos vocales, frenada por la reacción europea, evidencian una intención de control y no de dar cumplimiento a una previsión legal. Los insólitos y continuados ataques a los jueces desde el Ejecutivo no han sido una anécdota, sino el clima de opinión enrarecido en el que fundamentar el asalto institucional. Debería provocar sonrojo que las instituciones comunitarias, incluida la Justicia, haya señalado a España por la contaminación política del CGPJ contra los estándares más excelsos y mayoritarios de independencia de los tribunales en la UE. El PP se ha posicionado con Europa para proceder con un auténtico gobierno de los jueces dependiente de los togados, pero socialistas y comunistas quieren una justicia subordinada, una anclada en el uso alternativo del derecho y en el principio de oportunidad. El PP no debe ceder. Sin una Justicia realmente independiente, la democracia es un simulacro que encubre el despotismo.