Iniciativa de Casado contra el bloqueo

Que buena parte de los principales órganos constitucionales se encuentren en una fase de interinidad, con mandatos caducados y pendientes de pasar el relevo conforme a los procedimientos legalmente establecidos es un baldón del sistema que no ofrece precisamente la mejor imagen de sus responsables, en este caso los partidos políticos obligados a poner fin a esta indeseable provisionalidad. La crispación y el frentismo impuestos desde la coalición gobernante, en colaboración con sus aliados parlamentarios separatistas y proetarras, han dificultado extraordinariamente un proceso de por sí habitualmente complejo y espinoso, que en varias ocasiones se ha prolongado más allá de la caducidad del mandato. Socialistas y comunistas no han disimulado por un momento su voluntad de colonizar las instituciones y de encauzarlas al servicio de su estrategia política. El CIS y la Fiscalía General del Estado son dos pruebas incontestables de que, lejos de animarlos el deber de cumplir con las reglas y los plazos, las urgencias por renovar la composición de los órganos constitucionales se debían a propósitos políticos, especialmente en el caso del Consejo General del Poder Judicial. En este ámbito se ha jugado especialmente de manera sórdida desde La Moncloa, con la intervención incluso del órgano de gobierno de los jueces. Solo el freno de la amenaza europea ha evitado que se consumara el asalto gubernamental con un cambio en las mayorías suficientes para reemplazar a los vocales. Pedro Sánchez ha convertido este pulso en un arma contra Pablo Casado para presentarlo como el culpable de un bloqueo que no es tal e identificarlo como un antisistema, incluso fuera de la Constitución. Sin mencionar, claro, que Europa ha exigido la despolitización de la justicia, que los jueces fueran protagonistas en la elección de sus órganos competentes y que se afeara el escandaloso caso de Dolores Delgado, la fiscal socialista que dirige el Ministerio Público. En esta coyuntura, Pablo Casado maniobró ayer con sagacidad y eficacia con la propuesta a Pedro Sánchez de pactar «ya» la renovación del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Constitucional. El CGPJ quedaría pendiente de la reforma que exige la Unión Europea, y de la que no es posible ni deseable que el PP se apee bajo concepto alguno. Resultó obvio que el presidente no lo esperaba y que quedó descolocado en el hemiciclo. De un plumazo el papel de bloqueador quedó del lado de La Moncloa y la interinidad de esas estructuras clave del Estado se endosará completamente a la izquierda si se empecina en imponer una negociación global. El líder del PP ha abierto una puerta necesaria para ajustarse a las previsiones constitucionales con las salvaguardas imprescindibles dado la naturaleza de su negociador. Esta democracia necesita más controles y equilibrios y no menos, más división de poderes y no menos. No es que esta renovación vaya a revitalizar un sistema maltrecho, pero al menos evitará que la izquierda agrave su estado.