Una ley laboral eficaz, que admite mejoras

Uno de los problemas con los que tiene que lidiar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la hora de abordar la modernización del mercado laboral proviene, sin duda, de su propia hemeroteca que, como en el caso de la factura de la luz, contiene tan fuerte carga de demagogia populista que cualquier rectificación sobre la intención proclamada –la pura y simple derogación de la norma aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy– se convierte en una enmienda a la totalidad a los ojos de la opinión pública y en una rendición ante los «malvados» empresarios, si atendemos a las reacciones de la izquierda radical.

De ahí, que las últimas declaraciones de Pedro Sánchez, rebajando las expectativas sindicales y de sus socios de gobierno, haya que tomarlas en la consideración que se merecen, por más que aún deban verse confirmadas por los hechos. En cualquier caso, nos encontramos ante un reconocimiento paladino de que la reforma laboral impulsada por el último Ejecutivo popular, en una circunstancias de crisis económica y financiera mundial, no era el compendio de todos los males del capitalismo, sino que supuso un alivio a la rigideces de un mercado de trabajo que hacía de la economía española una máquina de destruir empleo ante el primer contratiempo.

Fue una reforma, pues, que ha demostrado su eficacia, entre otras cuestiones, porque no se hizo desde el vacío, sino partiendo de la legislación preexistente. El ejemplo más claro lo tenemos en la figura de los ERTE, que ya existían en la norma, pero sobre los que se hizo una corrección que ha resultado decisiva en la pandemia al permitir a las empresas acogerse a la figura sin tener que obtener la aprobación previa de la Administración, sustituida por el control a posteriori. Cabe imaginar el colapso burocrático que hubiera supuesto la tramitación previa de cientos de miles de peticiones de ERTE, como sucedió con las prestaciones de desempleo o la concesión del Ingreso Mínimo Vital.

Con ello, queremos señalar lo evidente, que la actual legislación admite mejoras, especialmente, en el campo de la contratación temporal, pero que éstas no pueden significar una regresión a escenarios laborales fósiles, previos al estallido de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Además, no es posible negociar nada con quienes, como Unidas Podemos o los sindicatos de clase, se empeñan en equiparar torticeramente temporalidad con precariedad, cuando no es así. Y no es cuestión de allegar advertencias o amenazas sobre las reticencias de Bruselas a una reforma no consensuada con todos los actores sociales, patronales incluidas, que pondrían en riesgo la llegada de los fondos de cohesión, sino de insistir al presidente del Gobierno en que en la reunión interministerial de hoy se mantenga en su declarada posición, alejada de radicalismos populistas.