Una justicia siempre bajo sospecha política

La polémica renovación de cuatro de los miembros del Tribunal Constitucional, precedida por una campaña de desprestigio de uno de los dos candidatos propuestos por el Partido Popular y saldada con una ruptura de voto testimonial entre la bancada gubernamental, debería mover a la reflexión sobre la urgencia de cambiar el sistema de elección en unos órganos jurisdiccionales que nunca pueden estar bajo la sospecha de la parcialidad.

Vaya por delante que la adscripción individual a una u otra tendencia ideológica no puede invalidar per se una candidatura, menos aún, cuando se trata de aspirantes de sólida formación jurídica y largas carreras profesionales, tanto en el ámbito del derecho privado como de la acción pública, pero ello no evita que, entre la opinión pública, se extienda la idea de que nos hallamos ante un correlato de la aritmética parlamentaria que extiende la duda sobre la apariencia de imparcialidad que cabe exigir a quienes forman parte de los tribunales y que, en algunos casos, puede condicionar las decisiones de los jueces.

De ahí, que consideremos llegada la hora de que nuestros representantes políticos, al menos, los dos partidos que aglutinan a la inmensa mayoría de los españoles, se pongan de acuerdo, no para repartirse más o menos equitativamente los puestos de los órganos de Justicia, sino para cambiar un sistema de elección que tantas dudas genera y que, a la postre, replica la contienda electoral. Ciertamente, el hecho de que se exija una mayoría parlamentaria cualificada, que obliga a la búsqueda del acuerdo, alivia en parte los perjuicios de la politización partidista, pero, como estamos viendo con la renovación del Consejo General del poder Judicial (CGPJ), a costa de generar graves tensiones y disfunciones en el transcurso del procedimiento, que, hay que insistir en ello, redunda, como hemos señalado, en perjuicio de la apariencia de imparcialidad e independencia de la Justicia. Se entendería, si los nombramientos efectuados por la vía del Legislativo fueran a título vitalicio, que sería la mayor garantía de independencia, pero no es el caso español.

La mejor solución, a nuestro juicio, que es la que ahora plantea el Partido Popular, estriba en que sean los propios jueces y magistrados quienes elijan entre ellos a aquellas personas que consideren más idóneas para integrar su propio órgano de Gobierno, que, entre otras funciones de naturaleza administrativa, vela por la independencia de la Justicia frente a otros poderes del Estado. En esta postura, Pablo Casado debe mantenerse firme y condicionar cualquier acuerdo con el PSOE al compromiso de la reforma del sistema de elección de los vocales de extracción judicial, en línea tanto con el espíritu, que no la letra, de nuestra Constitución como de las recomendaciones de la Unión Europea.