Opinión

Réquiem por una ley que creaba empleo

Editorial La Razón

El Gobierno se mostró exultante ayer ante lo que, desde toda evidencia, era un buen dato: la mayor caída anual del desempleo desde 1996, fecha que da comienzo la serie histórica pese a que la economía española no ha alcanzado, ni mucho menos, los niveles de actividad previos a la pandemia y con sectores clave, como el turismo y la industria de automoción, muy por debajo de sus cifras habituales.

Es cierto, no es posible ocultarlo, que la estadística sufre algunas distorsiones por la persistencia de 102.000 trabajadores en ERTE y 108.000 autónomos en cese de actividad y que, por lo tanto, no se contabilizan en las listas del paro, pero, en términos generales, tienen razón los portavoces gubernamentales a la hora de lanzar la campañas al vuelo. Que estos buenos resultados del mercado de trabajo, conseguidos, insistimos, en unas condiciones todavía muy adversas, se hayan producido bajo el marco de la ley de relaciones laborales que promulgó el anterior ejecutivo del Partido Popular debería hacer reflexionar al actual Gabinete social-comunista sobre la pertinencia de cambiar, por meros motivos ideológicos, una norma que ha funcionado razonablemente bien. Y no sólo, porque las señales de aviso que está emitiendo ese mismo mercado de trabajo son, cuando menos, preocupantes.

Como hoy publica LA RAZÓN, entre el 17 de diciembre y el 30 de diciembre pasados, se destruyeron en España 187.000 empleos, es decir, una media de 14.000 puestos de trabajo diarios. Se nos dirá que buena parte de esa cifra hay que atribuirla al final de las campañas de Navidad, pero, con ser cierto, algunos economistas señalan que la tipología de algunos despidos se ajusta mejor a las expectativas, malas, que ha despertado entre los empresarios la reforma impulsada por Yolanda Díaz que a una mera circunstancia coyuntural. En cualquier caso, los próximos meses, cuando la ley entre en vigor, la realidad nos sacará de dudas, entre otras cuestiones, porque no es cierto que la reforma se haya limitado a unos cambios cosméticos, como trata de vendernos, patéticamente, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sino que toca aspectos de la contratación temporal directamente vinculados a unos modelos productivos propios de una economía de servicios y agropecuaria como la española.

Con todo, lo peor no es el retroceso que supone la obra de la ministra Díaz –por pequeño que éste sea y, claro, suponiendo que sus socios nacionalistas no impongan sus mayores demandas en el trámite parlamentario–, sino la oportunidad perdida de seguir avanzando hacia un mercado laboral más flexible, moderno y con menores costes fiscales, en la línea de lo que auspicia la UE y, dicho sea de paso, lo que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid, que es la región de España que más empleo ha creado en 2021, con diferencia.