Un cambio energético a ritmo más razonable

La decisión de la Comisión Europea, mediante la adopción de un acto delegado, de considerar «verdes» la energía nuclear y el gas natural responde al hecho objetivo y, por lo tanto, poco matizable de que, a día de hoy, Europa no es capaz de cubrir sus necesidades energéticas a precios razonables con el único recurso de las fuentes renovables. Nos hallamos, pues, ante una toma de posición eminentemente política, impulsada por las dos economías continentales más potentes, como Francia y Alemania, conscientes de que los objetivos de «descarbonización» de la UE han pecado, por un lado, de exceso de ambición y, por otro, de un arrogante optimismo a la hora de apostar por los nuevos desarrollos de una tecnología, la del almacenaje de la electricidad procedente del aire y del sol, que está muy lejos de ser viable.

Por supuesto, no se trata de renunciar a la lucha contra el calentamiento global, una vez que se ha asumido su inevitabilidad, pero sí de imprimir un ritmo más razonable al necesario cambio en la generación energética, so pena de embarcarse en una espiral de incremento de los costes, que afectará, aunque desigualmente, al desarrollo económico de los socios comunitarios. La medida de la Comisión, que ha enfrentado serias resistencias, favorece las inversiones en ambas energías, consideradas como instrumentos de transición, y no supondrán, pese a las críticas más comunes, una afectación mayor sobre los desarrollos de las fuentes de electricidad «canónicas», simplemente, permite que el proceso de sustitución por las renovables puras se haga a unos precios que puedan ser asumidos por los ciudadanos que son, en última instancia, quienes sufragan con sus impuestos y con el recibo de la luz los costes de la descarbonización. Y todo ello, en un período inflacionario, de duración e intensidad inciertas, en el que los precios de la energía, como sucede en España, se convierten en un factor determinante.

Con efectos a medio plazo que pueden provocar un efecto rechazo del objetivo medio ambiental entre una población cada vez más exigida fiscalmente, lo que, a la postre siempre tiene una traducción en términos electorales. En este sentido, el Gobierno español se ha alineado con quienes rechazan la decisión de la Comisión, pese a que nuestro país apostó en su día por el gas natural y dispone de una de las infraestructuras de descarga, regasificación y almacenamiento más importantes de Europa. También de un parque nuclear notable, que genera el 25 por ciento de la electricidad, pero que está llamado a la extinción. Sin duda, a quienes se oponen a la decisión les asisten razones difíciles de negar, por cuanto expresan realidades palmarias como son la complicada gestión de los residuos nucleares o el hecho de que el gas natural presenta emisiones de efecto invernadero, pero, con todo, se trata de una medida que no será ideal, pero sí necesaria.