Acuerdo y democracia en Castilla y León

El acuerdo alcanzado entre el PP y Vox en Castilla y León abre etapa con una nueva coalición en España, que será banco de pruebas para un proyecto potencialmente exportable en sucesivas citas electorales, y también para el propio partido de Santiago Abascal, que adquiere por primera vez misiones de gobierno en la administración de una comunidad autónoma. El pacto que facilitará la Presidencia de la Junta a Alfonso Fernández Mañueco, la Vicepresidencia a Juan García-Gallardo y la más alta magistratura de las Cortes a Carlos Pollán, de Vox, además de un reparto proporcional de consejerías, responde a la lógica de un resultado electoral y al mandato de los votantes del territorio que otorgaron al centroderecha en sus respectivas siglas una mayoría absoluta abrumadora y relegaron a la izquierda y a otros grupos locales a posiciones minoritarias. PP y Vox han asumido el deber y el compromiso de explicitar en un programa de gobierno y de legislatura la manifestada voluntad popular, por encima de tensiones, intereses y diferencias entre proyectos y enfoques singulares. Particularmente relevante ha sido el esfuerzo de los dos socios por interpretar adecuadamente la encrucijada de un tiempo crítico a nivel nacional e internacional y de los gravísimos riesgos de haber empujado a la autonomía a un proceloso escenario de provisionalidad e inestabilidad en el supuesto de que la negociación hubiera encallado. La alternativa de una repetición electoral, a la que la izquierda parecía empujar con su cruzada inquisitorial contra Vox y el veto al PP, habría supuesto no ya una deslealtad con el pueblo soberano, sino un disparate que habría dado pie a una espiral corrosiva para el bienestar y la prosperidad de la región. Por el contrario, PP y Vox, la obra ejecutiva prevista y su rotunda hegemonía parlamentaria se deben traducir en estabilidad en medio de la turbulencia de la guerra y de la crisis, en la que los desafíos se multiplican. Es, por tanto, el gobierno de las urnas, pero también lo es de la Constitución, del Estatuto y del Derecho. Su legitimidad resulta incuestionable y solo en la propaganda tóxica de la izquierda, tan ajena a la ciudadanía y sus problemas, se atiza el espantajo vano del miedo a la ultraderecha. Vox es un partido político democrático, que acertará o se equivocará como cualquier otro, y con el que se puede acordar o discrepar sobre sus iniciativas. En su historial no aparecen golpes contra el orden establecido, integración o colaboración con bandas terroristas o sinergias con algunos de los regímenes más detestables del planeta como ocurre con quienes cohabitan en La Moncloa u orbitan en su espacio. Estigmatizar proyectos constitucionales y a sus millones de votantes es una conducta impropia de una democracia y de un demócrata y las sobreactuaciones del PSOE, autor material e intelectual de Frankenstein, por el papel de Vox, una impostura histérica. En Castilla y León se ha abrazado la deseable normalización política y se ha reforzado la alternativa al peor gobierno.