La UE y la anomalía económica española

Dentro del conjunto de las previsiones económicas para España que ha presentado la Comisión Europea, en principio, no demasiado malas, pese al nuevo recorte en el crecimiento del PIB, destacan dos observaciones que deberían preocupar al Gobierno de coalición por el componente de riesgo que comportan. La primera observación versa sobre la anomalía que supone la inusitada rapidez del incremento de los precios de los combustibles y la electricidad a España, con su correspondiente repercusión inflacionaria, y la segunda, derivada de la anterior, nos habla del riesgo de un incremento desmedido del coste de las pensiones, si se mantiene su indexación a un IPC, que Bruselas, con cierto optimismo, sitúa en el 6,3 por ciento para el presente año.

Asimismo, apunta la Comisión al deterioro del poder adquisitivo de los españoles, que se traducirá en la caída del consumo interno, y advierte de que la espiral de precios de la energía puede repercutir negativamente en sectores como el transporte, la construcción y la industria electrointensiva. Como era previsible, la reacción de los distintos ámbitos gubernamentales se ha centrado en destacar que el crecimiento previsto de un 4 por ciento del PIB supone el mayor de la eurozona, sólo por detrás de Portugal, Irlanda y Malta, obviando que nuestro país partía de la mayor caída del PIB de toda Europa y que las sucesivas previsiones siempre han ido de mayor a menor.

En cualquier caso, es evidente que si en España, que forma parte de la misma estructura de mercado que el resto de Europa, se han disparado brutalmente los precios de los combustibles –de hecho, el precio medio del diésel supera por primera vez al de la UE– es por ineficiencias internas propias, por supuesto, con limitaciones a la libre competencia, pero, también, por unas políticas fiscales que están asfixiando al conjunto de la población. No vamos a insistir en los indicadores que retratan esta realidad –al alcance de todos en los estadillos de la OCDE– pero sí en que esta situación, por más que alivie, vía el incremento de recaudación por IVA y los impuestos especiales, el déficit público, no es sostenible en el medio plazo, más aún, como dice la Comisión, si se prolonga en el tiempo la crisis bélica de Ucrania.

El problema, es que, prácticamente, todo lo expuesto ya estaba contenido en la propuesta económica que el nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y que fue acogida por La Moncloa con descriptible entusiasmo. No traía Feijóo imaginativas o revolucionarias soluciones. No. Sólo aquellas medidas de manual que funcionan en situaciones previas a una crisis mayor: incentivar la producción y el consumo privado, impulsando el mercado laboral, y reducir el gasto público no productivo. Por lo visto, anatemas de la economía socialista.