El Supremo siempre llama dos veces

Si el Gobierno pensaba que el asunto de los indultos a los sediciosos independentistas iba a perderse en el olvido, parece claro que se equivocaba. El Tribunal Supremo, que como en la conocida película siempre llama dos veces, ha admitido el recurso de reposición de PP, Ciudadanos, Vox y Convivencia Cívica Catalana, y decidirá en sentencia sobre la legalidad de una medida de gracia que fue expresamente rechazada por el Tribunal sentenciador y por la Fiscalía, ante la falta del más débil indicio de arrepentimiento de los condenados y su voluntad expresa de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática.

Se argüirá que la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo viene «contaminada» por la incorporación de una magistrada que se considera «conservadora», pero, en ese caso, también habría que hablar de contaminación cuando fue una juez «progresista» la que, en primera instancia, inclinó la mayoría del Tribunal hacia el rechazo de la legitimidad de actuaciones de los partidos y asociaciones recurrentes. En cualquier caso, el propio Supremo ya decidió en contra de la recusación de la magistrada que reclamaba una asociación separatista catalana.

Entendemos la preocupación que embarga al Gobierno ante un procedimiento que reabre un flanco político que se daba por cerrado y, por supuesto, nos explicamos la insistencia de la Abogacía del Estado en apoyo de las tesis gubernamentales, pero se hace muy cuesta arriba considerar que partidos y asociaciones que sufrieron por parte del entramado del procés, incluso desde la propias instituciones autonómicas, limitaciones a su derecho a la acción política no estén legitimados para recurrir la legalidad de los indultos.

Por otra parte, y sin presumir el pronunciamiento de la sentencia, cabe recordar que el informe del tribunal sentenciador incidía en que la figura del indulto no podía convertirse en una segunda instancia ante el Gobierno, especialmente, cuando se esgrime una responsabilidad penal colectiva, solidaria y compartida por los condenados, ni, mucho menos, como supuesta salvaguardia de la vulneración de derechos fundamentales, que no era el caso.

Es cierto que los partidos independentistas catalanes, confrontados con la realidad, han bajado mucho los decibelios del desafío, hasta el punto de que forman parte de la mayoría de investidura, pero no es posible descartar que una sentencia contraria a sus intereses pueda resquebrajar el delicado respaldo parlamentario de un Ejecutivo al que no dejan de crecerle los problemas. Pero no debería quejarse demasiado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque fue él quien decidió libre y conscientemente apoyarse en unos socios que, como decía el informe del Supremo, proclamaban la inobservancia de las leyes y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía.