Editorial

Sánchez y el arte de los fuegos de artificio

No cabía esperar otro resultado de la comparecencia parlamentaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta de las escuchas a los líderes del separatismo catalán, que no fuera la defensa, si se quiere, tibia, de la actuación del CNI y el ofrecimiento de una salida a sus socios de investidura, en forma de etéreos cambios legales, para que puedan justificar ante la parroquia la continuidad del apoyo parlamentario al Ejecutivo.

Hasta qué punto Sánchez ha tenido éxito en esta exhibición de fuegos de artificio es algo que veremos en el devenir de las próximas semanas, pero ya podemos adelantar que el más genuino escepticismo rodea la propuesta de elaborar una reforma de ley de secretos oficiales de 1968, que viene actuando de muleta de la acción gubernamental desde la Transición, o la promesa de ampliar el control judicial del CNI, que, al implicar la reforma de una ley orgánica, quedaría fuera del actual ejercicio parlamentario. Por lo demás, la pelota está en el tejado de ERC y de Unidas Podemos, cuya sobreactuación en el caso de las escuchas, tratando de elevarlo a escándalo político de Estado, apenas ha conseguido la destitución de la ex directora del Centro, Paz Esteban, exiguo rédito que no compensa la indiferencia, cuando no aprobación, con que ha sido recibida por la mayoría de la opinión pública española la confirmación de lo evidente: que el Estado dispone de instrumentos eficaces para defenderse de las amenazas contra el ordenamiento constitucional, la convivencia y la paz de los ciudadanos.

En este sentido, y sin entrar en discusiones sobre el grado de conocimiento personal de los hechos, Pedro Sánchez cumplió con las generales de la ley, como no podía ser de otra forma, al defender la legalidad de las actuaciones, plenamente justificadas por las circunstancias del desafío separatista. Que las intervenciones telefónicas coincidieran en el tiempo con las negociaciones políticas de su investidura, podrá molestar a sus socios, pero no altera el hecho fundamental de que se trataba de prevenir una nueva intentona golpista.

Sin embargo, quedó flotando en el aire otro aspecto de la cuestión que, a nuestro juicio, tiene mucha mayor implicación para los intereses nacionales que las trifulcas internas de la mayoría de la investidura. Nos referimos a las escuchas, éstas sí, ilegales sufridas por el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros, asunto sobre el que Sánchez pasó de puntillas. A día de hoy, todavía no se han dado explicaciones ni asumido responsabilidades por una brecha tan grave de la seguridad, que competía al gabinete de Presidencia, pero tampoco se ha hecho luz sobre los motivos del insólito reconocimiento público de que habían sido espiados, forzosamente, por una potencia extranjera. Y ahí, los artificios no sirven de nada.