Nadie en su sano juicio podrá poner en cuestión la conveniencia de mantener las mejores relaciones posibles con Marruecos, pero ello no empece para recordar que se trata de una conveniencia mutua y que, por lo tanto, exige buena voluntad por ambas partes y, sobre todo, las mínimas condiciones de transparencia en los usos diplomáticos.

Si hacemos esta reflexión es porque no parece que entre en los parámetros de la buena vecindad lo ocurrido ayer con las supuesta apertura de sendas aduanas comerciales con Ceuta y Melilla, medida de profundo significado político, pues supondría el reconocimiento indirecto de la soberanía española sobre esas dos plazas africanas por parte del reino alauí, y que fue anunciada por el Gobierno español el pasado 7 de abril, tras la reunión que mantuvieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con el monarca marroquí, Mohamed VI.

Pues bien, lo que según La Moncloa era un compromiso conjunto tomado al más alto nivel, ha sido cuestionado por un funcionario de segunda categoría, el director de la Administración de Aduanas e Impuestos, Nabil Lakhdar, con el peregrino argumento de que no se dan las condiciones geográficas para proceder a la construcción de las infraestructuras necesarias.

No es cuestión de volver sobre unos hechos que ya han sido objeto de todo tipo de especulaciones y comentarios, pero sí de reclamar al presidente del Gobierno, que ha llevado en todo momento y de manera muy personal el proceso de restauración de las relaciones bilaterales con Rabat, que explique a la opinión pública a través del cauce institucional más adecuado, el Parlamento, cuáles han sido los acuerdos firmados con el reino de Marruecos, qué alcance tiene el reconocimiento de facto de la soberanía marroquí sobre el antiguo Sahara español y, especialmente, qué contrapartidas ha reclamado España para Ceuta y Melilla. Porque no hablamos, precisamente, de un asunto menor que, sin perjuicio del acierto en la decisión, supone un cambio geoestratégico de envergadura, con evidentes repercusiones en la política interna nacional.

Por supuesto, no se trata de reclamar una vuelta a la situación anterior, con el penoso espectáculo del contrabando al menudeo a espaldas de porteadoras, pero sí de que se establezcan en todo el territorio nacional las relaciones comerciales habituales entre dos naciones amigas, de la misma manera que España mantiene abiertas las rutas comerciales entre Marruecos y el resto de la UE. En cualquier caso, lo que parece más urgente es recuperar la confianza plena entre los gobiernos de Madrid y Rabat, hoy, desde toda evidencia, bastante perdida. Tal vez, el reciente encuentro de Núñez Feijóo con el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, sea un primer paso.