Justa batalla contra el adoctrinamiento

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Tribunal Supremo el real-decreto del currículo de Bachillerato aprobado en desarrollo de la LOMLOE, conocida como «Ley Celaá», para el que ha solicitado además la suspensión cautelar de manera que no afecte a los manuales del próximo curso. Isabel Díaz Ayuso ha alegado «la falta de contenidos» y la «elevada carga ideológica» para justificar otro nuevo choque con el Gobierno de la izquierda que «intenta politizar todo», incluido el sistema educativo. La administración madrileña ha actuado con responsabilidad y sensatez tanto en el fondo como en la forma. Lo ha hecho en el ejercicio de sus competencias y por los medios adecuados una vez que el Ejecutivo socialista comunista abortó cualquier atisbo de negociación sobre un proyecto de este calado para las generaciones venideras y apostó por la imposición de sus postulados sectarios y arbitrarios, como por otra parte es su seña de identidad. La judicialización está justificada en la defensa de un interés superior como es el de los alumnos presentes y futuros, que es el de la sociedad y el de España. En cualquier caso, Díaz Ayuso formuló ayer mismo la necesidad de desarrollar un debate sereno y profundo en torno al modelo educativo, con participación de todos los actores implicados, justo lo que frustró La Ley Celaá de manera tan alevosa como intencionada en tiempos de pandemia para mayor bochorno de los autores. El camino del consenso habría sido el lógico si de lo que se hubiera tratado fuera de formar a las mejores generaciones de alumnos posibles, de brindarles las herramientas adecuadas y las oportunidades merecidas, especialmente en un país con tasas de fracaso escolar indeseables y mediocres balances en la comparativa europea. Pero la izquierda, como ha sido la tónica desde que promovieron su primera reforma y hasta hoy, se ha empeñado en devaluar la enseñanza de forma que se le haya desprovisto de las virtudes mínimas para que los estudiantes españoles adquirieran las competencias imprescindibles y sostenerse en un mundo global exigente. El mérito de Díaz Ayuso resulta incontestable. De nuevo, ha entendido la urgencia de dar una batalla imperativa especialmente por la carga de profundidad que supone un currículo proyectado como un ariete adoctrinador de la izquierda, que desconfigura las materias en función de un proyecto de ingeniería social y del dogma ideologizado del poder. Hay un empeño de transformación social detrás de esa Ley Celaá, que además de un engendro educativo, es un atentado a la democracia y a las libertades civiles contrario a la Constitución, que legitima la respuesta de la Comunidad de Madrid y llevarla hasta la última instancia. Se trata de evitar que se hipoteque el futuro de nuestros jóvenes, su derecho a saber, instruirse y ejercer como masa crítica incómoda para el mandatario de turno. Ciudadanos libres e iguales de la España constitucional, orgullosos de su pasado y capacitados para el futuro. Refractarios al rebaño, a la simpleza, el subsidio y el clientelismo que ciegan el mérito y la capacidad. Esa batalla es un deber moral.