Familias más pobres, legado de la izquierda

Apagados ya los ecos de los discursos triunfalistas del presidente del Gobierno y buena parte de sus socios en el Debate sobre el Estado de la Nación, la cruda y dura realidad del país sigue ahí. De nada sirve el regodeo pirotécnico y propagandista de los responsables económicos y de los portavoces de la izquierda sobre los hitos de la coalición en la gestión primero de la pandemia y ahora de la crisis económica y la guerra. De nada sirve porque el escenario contable, estadístico y social, a diferencia de los discursos, no se puede maquillar. Este Gobierno sostiene aún que ha cumplido con los españoles en las circunstancias más adversas y que ha hecho honor a su compromiso de no dejar a nadie atrás con el despliegue de una batería de medidas sociales que han enmendado los estragos sobrevenidos por elementos exógenos, que no por la inepcia oficial. Sánchez, Calviño, Montero y Díaz no se apartan del guion y sacan pecho con esa España líder en crecimiento en la Unión Europeo que no lo es. El mínimo análisis deja en evidencia un monumento a la fabulación que apenas nutre una retórica cortoplacista y una estrategia hacia ninguna parte positiva más allá de ganar tiempo sin dar la palabra a los electores. Los españoles son muy conscientes de ello, porque el fracaso de las políticas económicas de un gobierno que ha convertido a España en el único país europeo que no ha recuperado los niveles previos al coronavirus está golpeando con saña su presente. Según el último informe de la Fundación Civismo, que publica LA RAZÓN, los españoles disponemos de menos renta pero pagamos más impuestos. Pese a la merma de las capacidades familiares por culpa de la presión inflacionaria, los tributos, tanto en términos nominales como relativos, han seguido al alza con una dinámica perniciosa. El deterioro es un hecho porque las medidas milagro de este Ejecutivo han sido ineficaces cuando no contraproducentes, con el agravante del timbre codicioso de un afán recaudatorio que ha lucrado las arcas públicas de forma inmoral a costa de las familias y las empresas. El Estado es el que genera beneficios caídos del cielo por la inflación desbocada, 2.000 millones más por cada punto que sube el IPC, miles de millones que podrían haber paliado las urgencias de los ciudadanos y del tejido empresarial. La irresponsable negativa de Sánchez a deflactar los impuestos resulta un atropello arbitrario que cobra tintes de expolio cuando la gente lo está pasando tan mal. El ataque de este gobierno a los ciudadanos, las empresas, los bancos... no tiene parangón salvo en regímenes bolivarianos que ya cruzaron muchos de los límites a los que España se asoma. Sin consumo, con ahorro en tasas negativas, sin crédito ni inversiones, se abre la puerta a la recesión que Bruselas ya atisba. El populismo financiero de Sánchez, una suerte de peronismo ibérico, redoblará los problemas sin aportar una solución. Líderes europeos en todos los indicadores negativos, el país necesita contener el gasto público, incentivar la inversión y deflactar gravámenes para mitigar el impacto de la inflación. La izquierda no lo hará. Por eso, el cambio político resulta imprescindible.