Mal augurio para la presidencia europea

Si no cambian drásticamente los actuales parámetros políticos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ejercerá en nombre de España la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en el semestre que va desde junio a diciembre de 2023. No revelamos secreto alguno si advertimos del especial interés que despierta en el Ejecutivo ese hito, especialmente, porque coincide con el final de la legislatura y la convocatoria de las elecciones generales y es una oportunidad que ni pintiparada para que la proverbial maquinaria propagandística de La Moncloa trabaje al máximo, más en un asunto de carácter internacional, mucho más agradecido que el que presenta el panorama doméstico.

Y, sin embargo, lo que se presume feliz coyuntura puede no serlo tanto si nos atenemos al espíritu del Tratado de Lisboa de 2009, que, entre otras cuestiones, señala que la Presidencia de turno se encarga de impulsar los trabajos del Consejo referentes a la legislación de la Unión Europea, garantizando la continuidad de los programas comunitarios, el orden de los procesos legislativos y la cooperación entre los Estados miembros, y que, para ello, tiene que actuar como un intermediario recto e imparcial.

Es decir, puede convertirse en un problema que el Consejo sea presidido por el representante de un Ejecutivo que, bajo las más peregrinas excusas, se niega a reformar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, mantiene un estatus de la Fiscalía General del Estado que choca con la percepción de imparcialidad de los estándares europeos, y que ha elaborado una legislación ad hoc para bloquear los nombramientos de los principales cargos de la cúpula judicial, que debía llevar a cabo un CGPJ al que el Gabinete no considera lo suficientemente afín a sus intereses políticos e ideológicos.

Todo lo demás, incluido, por supuesto, el forcejeo con el Partido Popular, es retórica, porque, lo fundamental, es que el Gobierno quiere contar con una mayoría propia en el órgano de gobierno de los jueces, con la que cubrirá las setenta vacantes que existen en los principales tribunales. Que el Gobierno tuviera que rectificar su propio decreto para excluir la renovación del Tribunal Constitucional, para lo que cuenta con mayoría progresista, retrata un uso abusivo de la legislación con fines partidistas, nada menos que en el ámbito de la Justicia. A esto es a lo que se ha opuesto el Partido Popular, tanto con la presidencia de Casado como la de Núñez Feijóo, con motivos más que suficientes.

Por supuesto, el comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, ha tratado de mantenerse al margen de esta batalla interna española, pero Pedro Sánchez no debería equivocarse. Reynders ha dejado en su paso por España las suficientes pistas para entender que, tarde o temprano, Bruselas tomará cartas en el asunto, como ha hecho con Polonia. Mal augurio para la presidencia española.