La ley del solo sí es sí o el legado del Gobierno

A medida que la legislatura progresa la coalición de izquierdas se manifiesta en toda su crudeza como una de las experiencias más negativas de la historia de la democracia. Hoy, apenas la poderosa propaganda gubernamental puede maquillar la descomposición de un proyecto al que mantiene con respiración asistida hasta agotar los plazos legales o bien que las estrategias electorales de los socios aconsejen el convenido divorcio. La cohabitación bajo la enseña del sanchismo ha sido perniciosa para el interés general, aunque beneficiosa para los protagonistas directos. Una y otra vez en estas páginas editoriales hemos detallado el balance de una gestión mala para el país y los ciudadanos, y que, con el paso del tiempo, se concretará en estragos aún más dolorosos. El Ejecutivo de Sánchez nunca ha sido tal en plenitud, sino que se ha tratado de un gabinete dualista, con doble naturaleza, que se ha desarrollado en una clima de confrontación política y personal inocultable entre socialistas y comunistas y que hemos terminado por pagar todos. Especialmente Unidas Podemos, pero no solo, se ha arrogado el papel de una suerte de oposición al equipo del que formaba parte de manera solidaria y a las políticas señeras que emanaban del mismo. El legado en cuanto a producción ejecutiva y legislativa de esta izquierda sanchista podemizada, ese corpus legal que traspasará como herencia, se ha labrado con un enfoque sectario contra la mayoría social de la España democrática, y en buena media, o en toda, ha perseguido una polarización de la vida pública con normas ideológicas extremas en el marco de un proyecto de ingeniería social sin arraigo ni demanda ciudadanas. O lo que es igual, se ha gobernado contra los españoles, su voluntad y sus principios, sin refrendo ni mandato alguno explícito ni implícito. La ley del solo sí es sí, camino de los 300 delincuentes sexuales beneficiados, se ha erigido como el paradigma doloso y espurio del Gobierno de Pedro Sánchez, pues representa todos los deméritos formales e institucionales y las corruptelas éticas y políticas de este siniestro mandato. La ley Montero, que hasta ayer mismo era defendida y avalada por todo el consejo de ministros, Pedro Sánchez, incluido, es el objeto del enésimo desencuentro, pero también de otra estafa de un ejecutivo que se debate entre los socialistas que han decidido cambiarla para contener daños políticos ya irreparables y los podemitas, que lo aceptarán a regañadientes, mientras agitan el espantajo de la derecha judicial y mediática a la que culpan de una tragedia cuya autoría corresponde exclusivamente al gobierno en su conjunto, pero sobre todo a los populistas. La sangre política no llegará al río, como no lo ha hecho por desavenencia alguna, porque las canonjías del poder son un bálsamo poderoso. Pero más allá de esa falta de talla y decoro, debemos lamentar de nuevo que ni una sola voz de la izquierda haya tenido el coraje y la dignidad de recordar a las víctimas de los violadores agraciados desde el poder.