Más independencia judicial, no menos

El Consejo de Europa, a través de la Comisión de Venecia, ha marcado una doctrina muy clara sobre la necesidad de buscar mecanismos que aumenten las garantías de independencia y neutralidad de los tribunales de Justicia. No es una recomendación ociosa ante el resurgimiento en el Viejo Continente de movimientos políticos de carácter populista, a caballo de problemas económicos y sociales especialmente sensibles para la población, que consideran que el resultado de las urnas es la única fuente de legitimidad de las democracias y contraponen una supuesta voluntad popular sobre los equilibrios de poder.

Valga este preámbulo para insistir en la responsabilidad que recae sobre el Partido Popular enfrentado al trance de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) frente a un gobierno de coalición social comunista, en el que operan con cierta fuerza formaciones claramente populistas, y que no deja de dar continuas muestras de su voluntad colonizadora de las instituciones, incluso, bordeando peligrosamente la legislación. Podríamos multiplicar los ejemplos de ocupación de los altos puestos de la Administración del Estado, desde el Servicio Exterior hasta el cuerpo de letrados del Congreso, por personas estrechamente vinculadas a los partidos gubernamentales, pero no es necesario porque son sobradamente conocidos por la opinión pública.

Tal es así, que el recurso a los tribunales de Justicia ante unas decisiones arbitrarias que pasan por encima de cualquier idoneidad profesional o soslayan el estatuto del funcionariado se ha hecho, tristemente, norma y no excepción. De ahí, que hayamos de ser especialmente cuidadosos al abordar la renovación del órgano de gobierno de los jueces porque, y no es hacer juicio de intenciones, la izquierda en el poder y los partidos separatistas que la apoyan pretenden cambiar un modelo judicial que, en su opinión, «hace oposición política» mediante un supuesto ejercicio de «lawfare».

Ya el anterior gobierno de Pedro Sánchez, con la entusiasta colaboración de Podemos, trató de condicionar la elección de los vocales del CGPJ a una mayoría simple parlamentaria, maniobra que tuvo que frustrar con una enérgica intervención la Comisión de Justicia de la UE. El Gobierno respondió bloqueando la capacidad del Consejo de designar a los titulares de las plazas judiciales vacantes, con grave daño al normal funcionamiento de los tribunales, bloqueo que un Tribunal Constitucional de mayoría progresista, con magistrados estrechamente vinculados a la izquierda socialista, dio por bueno.

Núñez Feijóo tiene, pues, la difícil tarea de resistir a los cantos de sirena, las invectivas y las acusaciones de la izquierda y no llegar a ningún tipo de acuerdo que no contemple un cambio en el sistema de elección de los vocales. Se trata de ir a más independencia de la Justicia, no a menos. Como nos dice Europa.