Una política fiscal que alimenta la inflación

La realidad cotidiana que viven los consumidores dista mucho de las ensoñaciones del Gobierno y resiste cualquier cambio de método a la hora de calcular la inflación. Así, enero ha registrado una subida de precios de los alimentos del 15,4 por ciento, pese a la reducción del IVA en una parte menor de los productos que componen la cesta de la compra y la moderación de los combustibles. Incluso, podríamos añadir, del cambio de hábitos de los ciudadanos, que han reducido el consumo de carne, pescado, frutas y hortalizas frescas entre un 32 por ciento y un 18 por ciento.

En cifras redondas, los hogares españoles han visto incrementarse la factura de la alimentación en una media de 860 euros anuales sin perspectivas de mejora en el inmediato futuro. Ahora bien, mientras desde el sector más radical del Ejecutivo, muy consciente del daño electoral, se demoniza a los «despiadados» empresarios y se proponen medidas de control de precios, subvenciones directas o, en su caso, sanciones confiscatorias sobre los beneficios empresariales, se obvia el hecho objetivo de que una buena parte de la composición de esos mismos precios viene dada por las políticas fiscales.

Lo cierto, es que España vive una fiesta recaudatoria inédita que se traduce en el récord absoluto de los ingresos tributarios alcanzado en 2022. Son casi 260.000 millones de euros lo recaudado por Hacienda, con un incremento del 15,51 por ciento sobre el año anterior –que también fue de récord– y que hace de los españoles los ciudadanos europeos a los que se exige mayor esfuerzo fiscal. Desglosado, la recaudación del IRPF ha supuesto un 16 por ciento más, el impuesto de sociedades, un 26,8 por ciento más; el IVA, un 16,2 por ciento más, y los impuestos especiales, un 2,4 por ciento.

Faltan por sumarse los tributos autonómicos y la multiplicidad de tasas municipales para configurar un panorama ciertamente preocupante, entre otras razones, porque desde el Gobierno se mantiene que todavía hay margen para la confluencia fiscal con el resto de Europa. Por supuesto, ese dinero no cae del cielo, aunque la prodigalidad gubernamental así parezca indicarlo, sino del esfuerzo de las empresas y los trabajadores. Se nos dirá, que algunos sectores, como los de la energía o la banca, han visto aumentar exponencialmente sus beneficios, pero con independencia de que se trata de actividades estrechamente reguladas por la Administración, lo cierto es que son las pequeñas y medianas empresas, las que conforman el tejido productivo español, quienes se están viendo obligadas a reducir sus márgenes o a trasladar los costes crecientes de producción al consumidor final. Por último, la experiencia demuestra sobradamente que no es operando sobre la demanda como se consiguen reducir los precios. Hay que favorecer la oferta en un mercado de libre competencia. Lo contrario, es la vuelta a la cartilla de racionamiento.