Los islandeses no quieren pagar

El camino marcado por el Gobierno de centro izquierda islandés para superar la crisis económica e ingresar en la UE se topó la noche de Reyes con un obstáculo inesperado. El presidente de la República, Olafur Grimsson, se negó a aprobar la ley que prevé devolver a las arcas de Reino Unido y Países Bajos los 3.500 millones de euros perdidos por los ahorradores de sus respectivos países en el colapso bancario del otoño de 2008.

Ante unos sondeos que muestran que el 62% de los habitantes de la isla del Atlántico Norte rechaza pagar de sus propios bolsillos los desmanes de sus banqueros, el presidente ha ordenado que la población se pronuncie en referéndum. La consulta, que debe celebrarse antes del 6 de marzo, puede poner en un difícil aprieto a la primera ministra, Johanna Sigurdadottir.

Los electores se enfrentarán a un dilema en las urnas. Si votan con el corazón, se opondrán a ratificar una ley que costará a cada habitantes unos 12.000 euros. En cambio, si votan con la cabeza, se resignarán a aprobar un acuerdo que abrirá el grifo de las instituciones financieras internacionales y las puertas de la Unión Europea, cuya candidatura estudia con lupa la Comisión Europea.

La codicia de los banqueros y la imprudencia de los ahorradores extranjeros hicieron crecer desde los noventa la burbuja bancaria del entonces llamado "tigre nórdico". La entidad Icesave, filial de uno de los bancos nacionalizados en 2008, sedujo a muchos con un interés muy superior al que concedían los bancos británicos o de la Eurozona. Tras el derrumbe del sistema bancario islandés, Londres y Ámsterdam rembolsaron a sus ciudadanos el dinero que habían perdido en sus arriesgadas inversiones y ahora quieren que Reikiavik les pague lo que ellos ya han adelantado.

"Tengo plena confianza en los votantes islandeses y sé que tomarán la decisión correcta. El Gobierno preparará la votación e informará a los votantes cuidadosamente para que el tema concluya. Es necesario para continuar con la recuperación económica prevista en Islandia", ha anunciado la primera ministra ante el Parlamento. La realidad es que los más recientes sondeos prevén un resultado muy ajustado.

La promesa de Sigurdadottir de llevar a la isla a la UE puede quedarse en un sueño si los ciudadanos rechazan la ley. Los Gobiernos de Reino Unido y Países Bajos ya han amenazado con vetar el ingreso islandés aduciendo que Reikiavik no es capaz de garantizar los depósitos bancarios de los extranjeros. Una acusación que caería como una losa en las aspiraciones europeas de Islandia, a la que se le auguraba unas rápidas negociaciones de adhesión. Hace ahora un año, los ciudadanos precipitaron la caída del Gobierno con sus manifestaciones diarias. Hoy, como entonces, el futuro de su país depende de su decisión.