De la defensa del texto del 78 a la España federal o plurinacional

PP

Consenso para cualquier cambio

El programa del PP incide, sobre todo, en el valor de una Carta Magna que ha propiciado «el periodo más próspero de nuestra historia gracias al sistema de derechos y libertades» que consagra. El partido en el Gobierno defiende la vigencia de los valores constitucionales y, lejos de prometer reformas a diestro y siniestro, insiste, sobre todo, en que cualquier cambio debe ir acompañado del «consenso y la capacidad para llegar a acuerdos». «La Constitución es de todos y para todos, y no vamos a aceptar que se cuestione su vigencia sin ningún fundamento», dejan claro los populares.

Sin cerrarse en banda a posibles modificaciones (de la mano de la reforma del Senado, si así lo requiere), el PP sí hace hincapié en que las reformas deben afrontarse «con lealtad institucional», sin necesidad de rectificar el núcleo de las decisiones fundamentales adoptadas en 1978. Entre ellas, una que no admite discusión para el partido de Rajoy: la unidad de la Nación española frente a «desafíos rupturistas». La fórmula: «Mejorar la calidad de nuestra democracia preservando nuestros cimientos sociales».

PSOE

España federal y Estado del bienestar

Los socialistas sí apuestan sin ambages por una reforma porque «la España de 2015 no es ya la de 1978». Y apuntan cuatro razones: extender los derechos fundamentales, remediar la pervivencia de instituciones y mecanismos «que no cubren de manera adecuada los objetivos del Estado democrático», reformar el modelo territorial y acentuar el compromiso con una Unión Europea «más social».

Llama la antención que el PSOE quiera reformar el artículo 135 (que modificó con el apoyo del PP) para incluir «condiciones de salvaguarda» del Estado del Bienestar, y revitalizar el Estado de Derecho, entre otras propuestas eliminando la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona y abolir la pena de muerte, incluso para tiempos de guerra.

El partido de Pedro Sánchez también quiere limitar el fuero de los parlamentarios y miembros del Gobierno, suprimir la inmunidad parlamentaria y dar carpetazo a la España de las autonomías para implantar un Estado federal. Por último, abogan por reflejar en el preámbulo de la Constitución la especial vinculación de España con Iberoamérica.

CIUDADANOS

Derechos sociales y liquidar el CGPJ

Pese a reconocer el «éxito» de la Constitución, el partido de Rivera cree necesario reformar algunos de sus preceptos «para resolver determinados problemas institucionales». Para, entre otras cosas, eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono, incluir el derecho a la protección de los datos personales y ampliar el catálogo de derechos sociales (a una buena Administración, a los servicios sociales o al disfrute de los servicios públicos, entre otros).

C’s defiende la necesidad, por ejemplo, de suprimir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dejando el gobierno de los jueces en el presidente del Tribunal Supremo, auxiliado por dos adjuntos, lo que obligaría a modificar la Carta Magna, al igual que la inclusión en el artículo 23 del derecho a la transparencia en relación a la información en manos de las administraciones.

En todo caso, C’s precisa que las reformas deben ser «las estrictamente necesarias» para alcanzar los fines que se pretenden.

PODEMOS

Derecho a decidir y artículo 135

Podemos es, sin duda, el que incorpora a su programa un catálogo más extenso de cambios en la Carta Magna. Su «ruta de cambio», explican, implica «modificar nuestro marco constitucional».

En primer lugar, propone reconocer en la Constitución «la naturaleza plurinacional de España» y, en un indudable guiño al frente independentista catalán, el derecho de los gobiernos autonómicos a celebrar consultas sobre su «encaje territorial» en el marco del Estado. Igualmente, la formación de Pablo Iglesias quiere que la Carta Magna recoja un nuevo sistema electoral y derogar la reforma (pactada entre PSOE y PP) del artículo 135 que vinculó el déficit de las administraciones a la estabilidad financiera.

Podemos pretende modificar además el artículo 53 para equiparar los derechos sociales a los derechos civiles y políticos y que la Carta Magna incluya una Cartera Estatal de servicios sociales garantizados. Asimismo, defiende que se incluyan las lenguas de signos como cooficiales en el artículo 3 y prohibir expresamente en el artículo 14 cualquier discriminación por orientación sexual.

El partido de Iglesias también defiende la supresión de las diputaciones provinciales y se plantea reconocer a los extranjeros residentes el derecho al voto en las elecciones autonómicas.