El pin constitucional

De toda la historia sangrienta de ETA uno de los episodios más negros, y que todavía tiene lagunas judiciales, fueron la oleada de atentados del año 1979 que buscaba el acercamiento de presos etarras a las cárceles del País Vasco. El autor intelectual de estos crímenes, como líder del comando, fue el dirigente de ETA (pm) Juan María Alcorta, que en el año 1981 fue procesado y declarado en rebeldía.

En septiembre de 1982 los “polimilis” de ETA anuncian su disolución y su voluntad de entregar todo el armamento, lo que implicaba la escisión entre el brazo armado y el ideológico de la banda asesina, tal y como sucedió durante los años 2005-2007 entre Batasuna y ETA militar durante las negociaciones en Ginebra (Suiza) con la Fundación Henry Dunant y las posteriores conversaciones de Oslo (Noruega). La división se había materializado en la VIII Asamblea “polimili” celebrada en febrero de 1982 en Las Landas (Francia). El Estado que ya había mostrado signos de debilidad y complicidad en el acercamiento de presos tras estos atentados de 1979 inicia un proceso de reinserción social de los miembros de ETA (pm). Una de las consecuencias fue la presentación voluntaria de Juan María Alcorta en 1985 en el juzgado y su posterior dictamen del sobreseimiento de la causa.

Ahora el escenario es prácticamente el mismo; casos sin resolver, una “dudosa” disolución y entrega de armas, presiones a las Instituciones y cientos de terroristas por reinsertar. Para justificar su barbarie muchos son los que indican que los asesinos “no son los mismos que eran hace veinte años cuando entraron en prisión”. Obviamente todos hemos cambiado y no somos los mismo que éramos hace dos décadas, pero podemos ponernos frente a un espejo y reconocernos. Los etarras no pueden, ni se reconocían antes ni saben quiénes son ahora. La falta de perdón les impide recordar su existencia. Por eso su acercamiento, excarcelación o reinserción se presenta casi imposible mientras no haya colaboración con la justicia para resolver los 379 casos de ETA que a día de hoy no tienen autor conocido. Podemos hablar del “relato de lo sufrido por el terrorismo nacionalista vasco (que va más allá de ETA)” pero la historia se escribe con las letras de la justicia.

Hoy las circunstancias han cambiado y son distintas al de la época de los ochenta, hemos avanzado social y legalmente, y ahora la ciudadanía posee lo que podemos denominar como el “PIN Constitucional”. Que es esa capacidad que todo español tiene para reclamar a los poderes públicos transparencia en cualquier proceso y en consecuencia ser parte de él ante la más mínima anomalía o ilegalidad.

Las acusaciones populares como mecanismos de control de la sociedad civil ante las posibles vulneraciones del Estado de Derecho podemos ser la voz de las víctimas del terrorismo y de toda la sociedad. La justicia es infinitamente más transversal que hace cuarenta años. Y los españoles, con respecto al terrorismo y su “blanqueamiento”, hemos llegado a las cuotas máximas de hartazgo.

En terrorismo la historia y el final del relato, desgraciadamente, se repite, pero activaremos el “PIN Constitucional” para estar atentos a su desarrollo.