Casado votará “sí” a la alarma por las víctimas

Pablo Casado se siente atrapado ante los planes del Gobierno de prolongar el estado de alarma por las obligaciones que se derivan de su posición institucional como principal partido de la oposición. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado lunes que la prórroga podría hacerse extensiva hasta finales de junio, lo que, de ser así, implicaría hasta otras tres o cuatro nuevas peticiones de apoyo al Congreso de los Diputados. El Gobierno ha ido perdiendo apoyos cada vez que ha acudido a la Cámara a solicitar la aprobación de esta medida excepcional, y depende de los votos del centro derecha para mantener los poderes extraordinarios con los que el estado de alarma faculta al Gobierno.

La próxima semana Sánchez tendrá que volver al Congreso a pedir extender su aplicación hasta finales de mayo. Del amago de pacto de Estado, vía comisión parlamentaria, no queda ya más que el esqueleto de esa comisión, visto lo que ayer volvió a escucharse en el Parlamento. O después de que el presidente del Gobierno haya presentado su plan de desescalada sin informar antes a la oposición. Pero en Génova son prudente antes de confirmar que las duras críticas impliquen que vayan a retirar su apoyo a la continuidad del estado de alarma. El líder popular está pendiente de cómo evoluciona la pandemia, los contagios y las víctimas, porque, como señalan en su entorno, la responsabilidad obliga, y Sánchez no tiene otros «costaleros» para mantener esta medida excepcional con el fin de asegurarse el control del confinamiento y que la gente no salga libremente a la calle.

El miércoles de la semana pasada el Gobierno consiguió aprobar la tercera ampliación con los votos en contra de Juntos por Cataluña, la CUP y Vox, y con la abstención de ERC. Ayer Casado acusó con insistencia a Sánchez de mentir, e incluso dejó en el aire la posibilidad de que se abstenga en la próxima votación. También Ciudadanos, a través de su portavoz, Edmundo Bai, dejó en el aire su apoyo. Mientras que ERC anticipó que están ya más cerca del «no», y el PNV reiteró que, si no se pactan las nuevas medidas, su apoyo también desaparecerá. Sánchez no respondió a la pregunta de la oposición de si España va a necesitar un «rescate» de la Unión Europea, aunque sí reconoció que la situación económica es «gravísima».

En el PP creen que el Gobierno llegó tarde a la crisis y ahora intenta salir demasiado pronto por la presión de la «hecatombe» económica. Advierten de que no se cumple ninguna de las condiciones que fijó previamente el presidente del Gobierno para afrontar el desconfinamiento: el plan serológico estará terminado para cuando, en principio, concluya el proceso de «normalización», en ocho semanas, y tampoco hay capacidad de realizar un trazado de los contagios. La dirección del PP dice también que al presidente del Gobierno y a sus ministros «se les nota el miedo porque saben que entran a ciegas en la fase más complicada ya que un repunte de los contagios o de los fallecimientos obligaría a rectificar la línea trazada y tendría unas consecuencias económicas terribles».

Llama la atención que ante este horizonte sombrío el Gobierno no ponga más esfuerzos en intentar «atrapar» a la oposición en el consenso o que incluso, dando por buena la tesis de que el PP nunca saldrá del «no», no ponga más esfuerzos en escenificar que la responsabilidad de que no haya acuerdos no es suya sino de la oposición. La crítica a la falta de diálogo es generalizada, no llega sólo del centro derecha. También sus socios o las comunidades autónomas comparten el mismo reproche. Mientras que la variable del «rescate» empieza a airearse después del resultado de la última negociación europea, en la que decayeron los eurobonos, la deuda perpetua y también la pretensión del fondo incondicionado de 1,5 billones.