El PSOE usará a sus socios para colocar al frente a Calvo

El PP pide que Ana Pastor presida por su experiencia de gestión

El ministro José Luis Ábalos comparece en el Congreso
Pablo Casado propuso ayer a la ex ministra de Sanidad Ana Pastor para presidir la comisión FOTO: Congreso de los Diputados Congreso de los Diputados

El Congreso aprobó ayer por unanimidad la Comisión para la Reconstrucción social y económica tras la crisis del coronavirus. Ningún grupo se posicionó en contra, aunque quedan demasiados flecos en el aire como para que se pueda anticipar que nace con los cimientos necesarios como para que los debates puedan fructificar en sólidos acuerdos.

El PP, finalmente, no presentó su propia propuesta de comisión para dejar en evidencia la «unilateralidad» del PSOE y Podemos, que sí registraron la pasada semana su modelo sin negociarlo con los demás grupos. Pero el Grupo Popular sí formalizó ayer su petición de que la comisión la presida la ex ministra de Sanidad Ana Pastor. La petición se plantea como una exigencia casi innegociable de partida, aunque habrá que ver si los populares mantienen este pulso cuando la izquierda imponga con su mayoría, como es previsible, a su candidata, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

El formato, la Presidencia y hasta el contenido se han colocado en el centro del debate político, como elementos de la confrontación, en lugar de buscar espacios intermedios de consenso sin publicitar las diferencias para facilitar a medio plazo el acercamiento de posiciones en lo que realmente importa a los españoles, en qué medidas económicas se sostendrá la salida de la debacle que deja la Covid. Tras la Mesa y la Junta de Portavoces las valoraciones de los representantes parlamentarios incidieron también en subrayar las diferencias que les separan. Incluso escuchar posicionamientos como el del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que responsabilizó de la tragedia de los mayores en las residencias a su privatización, anticipa que desde esos posicionamientos de máximos no será sencillo encontrar consensos que unan en la misma ecuación al centro derecha y a la formación morada, de la que depende la viabilidad del Gobierno de Sánchez.

Los partidos tienen hasta el jueves para comunicar quiénes serán sus representantes en la comisión, que se compondrá en total de 46 diputados. Al principal partido de la oposición le corresponden ocho diputados, y una de las claves está en ver si en la delegación popular figura o no Pablo Casado. Será un signo de la relevancia que conceden a este foro parlamentario, que nace a iniciativa del líder del PP después de que Sánchez renunciara a la «mesa» extraparlamentaria que había pactado con sus socios.

Cada comisión parlamentaria elige a su Mesa, compuesta por el presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios, en su primera reunión y por votación. El PSOE tendría a la mayoría de su parte para sacar adelante el nombre de la vicepresidenta Calvo.

El Gobierno quiere centrar los acuerdos de reconstrucción en cuatro puntos: reforzar el sistema sanitario, proteger a los colectivos más vulnerables y con ellos el Estado de Bienestar, apoyar al tejido productivo y conseguir una posición unitaria como país ante la Unión Europea. La dirección popular ya se ha desmarcado de la negociación del Ejecutivo en Bruselas, y exige, asimismo, que en la agenda de la comisión entren las Libertades Públicas. Además de que pedirán la comparecencia del director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, y de otros cargos del Gobierno y expertos que han tomado parte en las decisiones del Ejecutivo. El PP quiere que se analicen todas las decisiones del Gobierno desde el decreto que estableció el estado de alarma, aunque la dirección popular sostiene que esto «no es una comision de investigación», si bien quienes han tomado las decisiones «deben proporcionar toda la información».

«La nueva normalidad no puede ser a costa de las venerables libertades públicas y de las garantías y derechos democráticos porque el Partido Popular está viendo un retroceso grave e inquietante de las garantías públicas», señaló la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.