La Fiscalía del TC se opone a que se suspenda la ejecución de las condenas del “Procés” y queden en libertad

La Fiscalía del Tribunal Constitucional se ha opuesto a que se suspende la ejecución de las condenas de Jordi Cuixart, Joaquín Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Dolors Bassa y Carme Forcadell, condenados todos ellos por un delito de sedición dentro de la causa del procés, mientras se tramitan sus recursos de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes fiscales.

En su dictamen el Ministerio Público hace referencia a la gravedad de las penas que les fueron impuestas y a la doctrina constitucional de no suspender la ejecución de las penas graves, es decir, aquellas que son superiores a los cinco años. En este caso, recuerda cómo todos ellos fueron condenas muy altas , como las del ex consejero de ex conseller' de Presidencia y portavoz del Govern.Tordi Turull, condenado a 12 años de prisión, la misma condena que impuso el tribunal a Dolors Bassa; mientras que a la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se le impuso 11 años y seis meses de prisión.

Este mismo criterio será el que siga el Ministerio Público respecto al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y al ex consejero Raül Romeva, cuyos recursos de amparo serán admitidos a trámite por el TC en s próximo pleno y se abrirá igualmente para determinar si se atiende o no la suspensión de la condena. Además, en el caso de Junqueras está la recusación planteada contra todos los miembros del Tribunal Constitucional, por lo que su petición puede demorarse más, ya que previsiblemente se resuelva antes la recusación.

Con estos informes del fiscal, el TC ya tiene en sus manos toda la documentación para resolver si suspende o no la ejecución de las penas. En este sentido, según señalaron a LA RAZÓN fuentes solventes, el tribunal prevé rechazar tal petición basándose precisamente en la doctrina constitucional que invoca el fiscal, es decir, el no acceder a tal suspensión cuando se trata de penas superiores a cinco años, tal como ha sucedido en no pocas ocasiones.

Aval al 100.2 de Forn

Por otro lado, La juez de vigilancia penitenciaria ha avalado las salidas para trabajar que la cárcel de Lledoners autorizó al exconseller de Interior Joaquim Forn, en un auto en el que recalca que es la Audiencia de Barcelona la que debe tener la última palabra sobre los permisos, no el Supremo. De esta forma, rechaza el recurso de la Fiscalía, que pedía revocar el 100.2 concedido a Forn, y confirma las salidas laborales del exconseller, que se suma así a los otros cuatro líderes independentistas que han visto ratificada por la justicia su flexibilización penitenciaria -los "Jordis", Carme Forcadell y Dolors Bassa-, sin que a ninguno se le haya denegado hasta ahora.

El exconseller de Interior, que fue condenado por el Supremo a diez años y medio de cárcel por un delito de sedición por su papel en el "procés", tiene autorizado salir de lunes a viernes durante doce horas y media diarias para trabajar como jurista en el departamento legal de la productora Mediapro.

El auto de la juez resalta que es un "criterio pacífico hasta la fecha" que los recursos contra el 100.2 deben ser resueltos por la Audiencia Provincial, de acuerdo con la ley orgánica del poder judicial, por tratarse de una cuestión que atañe al régimen penitenciario y no a la clasificación.

Esta tesis es contradictoria con la del magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitencia número 3 de Lleida, quien avaló el 100.2 de Forcadell pero advirtió de que la última palabra sobre la cuestión corresponde al Tribunal Supremo como órgano sentenciador, no a la Audiencia Provincial si se entendía que se trataba en realidad de un tercer grado encubierto.