El Gobierno prevé dar libertad de movimientos a partir del 21-J

«Estamos a punto de llegar a buen puerto». Pedro Sánchez compareció ayer desde Moncloa para trasladar un mensaje esperanzador a la opinión pública y poner un horizonte final al estado de alarma. Con los apoyos suficientes para superar el trámite parlamentario, tras cerrar un acuerdo con ERC, el presidente del Gobierno anunció su intención de pedir el próximo miércoles una «última y definitiva» prórroga. De este modo, España permanecerá sumida en la excepcionalidad hasta el 21 de junio, pero lo hará bajo unas condiciones «mucho más livianas» y de «cogobernanza absoluta» con las regiones que la componen.

Sánchez confirmó que, a partir de la fase 3, serán las comunidades autónomas quienes asuman la «máxima gestión» de la desescalada, lo que supone que –a partir del día 8 de junio– la mitad del país estará en esta situación. Serán entonces los presidentes autonómicos quienes se conviertan en la única «autoridad delegada» con toda la capacidad de decisión, quedando el ministerio de Sanidad para una mera labor de «asesoramiento».

Moncloa solo se reserva para sí, y mientras dure el estado de alarma, el control de la movilidad. Sánchez reconoció en este punto que existe una laguna, porque este instrumento constitucional es el único que puede garantizar la restricción de movimientos, por lo que a partir del 21 de junio existirá libertad de circulación entre territorios. Por ello, el presidente pidió «reforzar la coordinación entre territorios» y apeló a la «máxima prudencia» para evitar rebrotes que han surgido por conductas de ·irresponsabilidad individual».

A partir de la fase 3, por tanto, las comunidades podrán gestionar también la duración de las fases, por lo que tendrán en su mano «acelerar» la progresión o incluir algunos aspectos de fases siguientes en las anteriores. Los territorios más retrasados en la desescalada como son Madrid, Castilla y León o el área metropolitana de Barcelona llegarán a la fase 3 el 21 de junio, coincidiendo con el final del estado de alarma, por lo que adelantará la libertad de movimientos entre provincias, que con la evolución natural entre fases no se preveía hasta julio.

A esta libertad de movimientos y al retorno a la «nueva normalidad» condicionó el presidente la reunión de la «mesa de diálogo» con la Generalitat. Tras acordar su abstención en la sexta prórroga del estado de alarma y pese a no figurar en la redacción del pacto, desde ERC se trasladó que en Moncloa se habían comprometido a reactivar el foro de interlocución bilateral «cuanto antes». «Si cuanto antes es julio, será en el mes de julio», confirmó el propio Sánchez. Los votos de los soberanistas hacen que sean intrascendentes los de Ciudadanos para esta votación.

El presidente evitó poner en valor las negociaciones con los naranjas y se limitó a reseñar que se mantiene abierto el diálogo con todos aquellos partidos que no han rechazado el estado de alarma, en alusión a PP, Vox y la CUP. El pacto con Bildu de hace dos semanas complicó el escenario al Gobierno, pero el propio Sánchez en una conversación informal con periodistas confirmó que el presidente de la Patronal, Antonio Garamendi, se volverá a sentar en la mesa del diálogo social «sin problemas» en los próximos días.

Más fuegos ha tenido activos esta semana el Ejecutivo. El presidente mostró su «total apoyo» a Fernando Grande-Marlaska y defendió que la Guardia Civil «es un cuerpo muy complicado» y él tiene «derecho a montar su propio equipo». Más crítico fue con Pablo Iglesias, a cuenta de su actuación esta semana en la comisión para la reconstrucción en el Congreso, en la que tuvo un agrio enfrentamiento con Espinosa de los Monteros. Sánchez pidió «mantener a raya el virus de la confrontación» y aseguró que el vicepresidente debió haber evitado «entrar en la provocación» porque tiene una responsabilidad mayor como miembro del Ejecutivo.

En Moncloa existe malestar por esta actitud de Iglesias, aunque Sánchez evitó darle más importancia asegurando que no le había llamado para pedirle explicaciones y que con las disculpas que éste pidió el viernes, le bastó. Frente a este tono de reprimenda, el presidente quiso poner en valor el trabajo del doctor Fernando Simón y del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que «nunca se han dejado arrastrar por la provocación» a pesar de «haber soportado las peores descalificaciones y los insultos más mezquinos».