El tribunal aparta del banquillo a uno de los acusados por el asesinato de Ellacuría

La Audiencia Nacional ha archivado la causa contra uno de los dos acusados por el asesinato de Ignacio Ellacuría y otros cuatro jesuitas españoles en El Salvador en 1989 al considerar que su posible responsabilidad ya ha prescrito. El tribunal así lo ha acordado a instancias del abogado del e militar Yusshy René Mendoza, y con el visto bueno tanto de la Fiscalía como del resto de acusaciones, tras avalar que cuando la causa se dirigió contra él, al ser procesado en mayo de 2011, ya habían pasado más de veinte años desde que se cometió la matanza, en la que también fueron asesinados otro sacerdote, una empleada de limpieza de la residencia de los jesuitas y su hija, todos ellos salvadoreños.

Ahora, Mendoza comparecerá a declarar en el juicio, pero como testigo, el próximo 7 de julio, si es posible de forma presencial y si no por videoconferencia, según ha anunciado el presidente del tribunal antes de interrumpir la vista hasta el miércoles, cuando será interrogado el principal acusado, el coronel Inocente Montano, ex “número dos” de Seguridad Pública salvadoreño, en prisión provisional desde que fue extraditado por EE UU en noviembre de 2017, para quien la Fiscalía pide una condena de 150 años de prisión por cinco asesinatos terroristas.

La Fiscalía pedía para Mendoza una condena de cinco años de cárcel por esos asesinatos al aplicarle la eximente completa de miedo insuperable y las atenuantes muy cualificadas de arrepentimiento y reparación del daño.

La petición de la defensa de Mendoza -que ha colaborado con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos- fue respaldada por la fiscal Teresa Sandoval, para quien "queda claro que ha pasado el plazo de veinte años sin que haya habido un acto formal dirigiendo el procedimiento contra el acusado", por lo que, ha expuesto, "procede acordar su prescripción".

Ni siquiera la defensa de Montano se ha opuesto a que se aparte del procedimiento al militar, aunque sí ha solicitado tiempo al tribunal para poder preparar la declaración como testigo de Mendoza y la propia defensa de su cliente. Una petición que sí ha acogido la Sala, al fijar para dentro de un mes esa comparecencia del hasta ahora acusado.

También el abogado de Mendoza ha esgrimido varios documentos para acreditar la colaboración que “durante años” ha prestado su cliente “pese al grave riesgo que ha supuesto para su vida”, entre ellos una carta del rector de la Universidad Centro Americana (UCA), donde se produjo la matanza, y otra del superior de los jesuitas ratificando la disposición del militar para esclarecer los hechos.

Manuel Ollé, abogado de la acusación popular que ejerce la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe) y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de San José de la Compañía de Jesús de Valencia, ha asegurado que con esta decisión se hace justicia porque “está absolutamente acreditado” que Mendoza -que pasó cuatro años en prisión por estos hechos en El Salvador- “está reinsertado, tiene trabajo y no ha vuelto a delinquir”. Además, ha recalcado, “desde el minuto uno mostró su arrepentimiento y colaboró para esclarecer los hechos y pidió perdón”. Por estos motivos la medida, según él, “se convierte no solo en un imperativo normativo, sino en imperativo ético”, sobre todo teniendo en cuenta que “se va a mantener la justicia para las víctimas”. Y ha recordado que Ellacuría “decía que había que hacer todo lo posible para que la justicia fuese la victoria sobre la injusticia”, por lo que de no apartar de la causa al acusado no se estaría honrando su memoria.

También la acusación particular, que representa a los hermanos de uno de los jesuitas asesinados, Ignacio Martín-Baró, se ha mostrado de acuerdo con la petición de la defensa de Mendoza, al considerar "ilógico continuar el procedimiento contra una persona que tiene extinguida la responsabilidad criminal".

En su escrito de acusación, la Fiscalía ya apuntaba que cuando participó en estos hechos su cliente "tenía notablemente disminuida su capacidad electiva", pues la desobediencia a una orden directa del Estado Mayor y de sus superiores "suponía una amenaza real, seria e inminente contra su vida o integridad física o la de su familia". Además, ponía en valor su muy activa colaboración con la Justicia española en el esclarecimiento de la matanza.

Los jesuitas eran “el enemigo”

Ellacuría, uno de los principales referentes de la Teología de la Liberación, fue asesinado junto a otros cuatro jesuitas españoles en la UCA el 16 de noviembre de 1989. La Fiscalía mantiene que Montano y otros 18 procesados en rebeldía participaron en la "decisión, diseño o ejecución" de los asesinatos. A todos ellos, el Ministerio Público los encuadra en una "estructura paralela, al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la población" a través de ejecuciones de civiles y desapariciones forzadas.

Montano era uno de los líderes de "La Tandona", el núcleo duro del Ejército salvadoreño, que controlaban sus puestos clave y los del propio Gobierno en una país que veía con esperanza y escepticismo una posible negociación con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)que pusiera fin a dos décadas de sangrienta guerra civil. Ellacuría era, precisamente, uno de los más firmes defensores de ese diálogo, una posición que terminó por costarle la vida.

Los jesuitas, recuerda la Fiscalía, "habían sido un blanco durante toda la década" de conflicto civil, siendo objeto de amenazas de muerte y atentados en la propia UCA "que fueron creciendo en intensidad" en 1989, con acusaciones "cada vez más virulentas".

El 15 de noviembre de ese año, tras una "discusión, planificación y autorización previas", el coronel responsable de la Escuela Militar "dio la orden directa de asesinar a los jesuitas" a la unidad de comando del batallón Atlacatl. Días antes, se sucedieron "los ataques virulentos" contra Ellacuría y los jesuitas con el objetivo de crear el "clima adecuado para matar a los sacerdotes", a quienes se señalaba como "el enemigo" y se responsabilizaba de haber ocultado armas en la UCA para la guerrilla, aunque la universidad fue registrada por soldados del batallón de elite Belloso y no se hallaron armas. Unos registros infructuosos que eran "el preludio planeado de los asesinatos", pues la decisión de matar a los que "La Tandona" consideraba los "líderes intelectuales" de la guerrilla ya estaba tomada.

Cuando los comandos militares rodearon la residencia de los jesuitas, los cinco sacerdotes salieron alertados por el ruido y los soldados, tras ordenarles que se tirasen al suelo, “empezaron a disparar, matándolos”. Además de Ellacuría, perdieron la vida a consecuencia de los disparos los sacerdotes Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno. En la matanza también fueron asesinados el sacerdote salvadoreño Joaquín López y la empleada de hogar de la residencia jesuita, Julia Elba, y su hija Celina.