La defensa de Trapero insiste en su “absoluta desvinculación del plan secesionista”

La defensa de Josep Lluís Trapero ha negado que el mayor de los Mossos d´Esquadra cometiese delito alguno por su papel en el proceso soberanista en Cataluña en 2017. En su informe final en el juicio a la ex cúpula de los Mossos, la abogada Olga Tubau ha mantenido que el hecho de que Trapero instase a Puigdemont a desconvocar el referéndum ilegal del 1-O es “un acto clarísimo de obediencia” al mandato judicial que “pulveriza no solo la sedición, sino también la desobediencia”.

Durante más de tres horas, la letrada ha defendido la “absoluta desvinculación del mayor Trapero del plan secesionista”, por lo que, según ha argumentando, considerarlo coautor de la sedición por la que fueron condenados por el Tribunal Supremo los líderes del “procés” es una acusación “insostenible”.

De hecho, se ha referido a él como “un policía que respeta el orden constitucional” y ha negado que fuese designado para el puesto para facilitar que los Mossos se doblegaran al plan independentista de la Generalitat. Entre el mayor y el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, según ha dicho, no había “relación personal”.

La abogada ha puesto en valor las dos reuniones mantenidas por Trapero y los mandos de los Mossos con Puigdemont el 26 y el 28 de septiembre de 2017, la última en el Palacio de la Generalitat, en las que, ha subrayado, tras trasladarle su "preocupación" por la posibilidad de que se produjesen graves problemas de orden público instó sin éxito al president a desconvocar la consulta ilegal. Para Tubau se trata de "un acto clarísimo de obediencia al mandato" judicial de impedir el referéndum que "pulveriza no solo la sedición, sino también la desobediencia".

Frente a las dudas de la Fiscalía, ha vuelto a esgrimir el supuesto plan de los Mossos para detener a Puigdemont si finalmente declaraba la independencia. Trapero, ha dicho, "explicó la verdad" y no "se vino arriba" cuando declaró como testigo en el juicio del "procés" y desveló la existencia de esta operación, como irónicamenta apuntó ayer el fiscal Pedro Rubira.

La letrada ha rechazado que se cuestione la veracidad de esa iniciativa porque finalmente no se llevó a cabo la detención del presidente de la Generalitat. “Lo que no se puede ordenar al mayor Trapero es lo que no ordenaron ni jueces y fiscales”, ha asegurado. Y no lo hicieron, ha añadido, “porque no concurrían motivos suficientes para ordenar una medida de tal gravedad en un momento de una enorme tensión política y social”. El mando de los Mossos, ha mantenido, “hizo lo que pudo hacer: ponerse a las órdenes de jueces y fiscales y esperar órdenes”.

En su alocución, ha acusado a Policía y Guardia Civil de "dibujar una pretendida connivencia" del mayor de la Policía catalana con el proyecto político independentista para convertirle en el único responsable de que el 1-O se celebrase. El entonces jefe de los Mossos, ha recalcado la abogada Olga Tubau, no era ni "omnipresente" ni "todopoderoso".

Según la defensa de Trapero, el referéndum ilegal fue "un fracaso policial o quizás un fracaso político del que se hace responsable a los cuerpos policiales", pero achacable no solo a los Mossos, sino también a la Policía y a la Guardia Civil, a quienes ha reprochado su "parcialidad" en esta causa para intentar "restablecer" su imagen tras no haber podido cumplir la orden judicial de impedir la consulta.

"El referéndum se celebró y ni juntos ni por separado pudieron cumplir ese mandato", ha recalcado la letrada -que también defiende a la intendente Teresa Laplana-, para quien dado que "salieron dos millones de personas a la calle" ese primero de octubre de 2017 "no había efectivos policiales suficientes para impedirlo".

El plan de los Mossos “no fue una simulación ni una estafa”

Tubau ha rechazado que los Mossos se cruzaran de brazos el 1-O por orden de Trapero: "Lejos de compartir la voluntad de que se celebrase el referéndum, él y los mandos de la prefectura diseñaron un plan para cumplir el mandato judicial de impedirlo". "No fue ni una simulación ni una estafa", ha remarcado en referencia a las acusaciones del coronel Diego Pérez de los Cobos sobre la pasividad de la Policía autonómica.

En su informe, ha defendido que la Fiscalía “no tiene prueba de cargo suficiente para una condena por sedición”, enfatizando que el Ministerio Público ha planteado la alternativa de una condena por desobediencia “porque si no se acredita la sedición, la sentencia es forzosamente absolutoria” y de esta forma se “garantiza una eventual condena”.

La letrada ha reprochado a la Fiscalía sus cambios en la acusación y aunque no ha denunciado indefensión sí ha reconocido que le ha causado “indudables dificultades” porque su labor es defender a Trapero y Laplana “no solo de unos hechos, sino también de una calificación jurídica”. Tras afear al Ministerio Público que su acusación “siga con el diseño de una sedición rebelde”, Tubau ha mostrado su extrañeza por el hecho de que la Fiscalía mantenga “que el designio al tirar adelante con el referéndum ilegal era la secesión” y no presionar al Gobierno para negociar, como estableció el Supremo.

Asimismo, la abogada ha puesto de relieve que en las pruebas practicadas en el juicio no hay “ni el más mínimo oasis” que pueda sostener una condena por sedición para la intendente Laplana, a quien se responsabilizar únicamente de los altercados durante los registros del 20 de septiembre en la Consejería de Economía. “¿Cómo se puede seguir manteniendo que compartía los designios independentistas del Govern?”, se ha preguntado, cuando “no hay una sola llamada”, ha recalcado, que la vincule con los líderes del proceso soberanista.