Tribunal Supremo

Meritxell Serret, delegada de la Generalitat en Bruselas, busca que el Supremo deje la causa contra ella por el 1-O

Procesada por desobediencia, pretende que si regresa a España sea juzgada en Cataluña. Está declarada en rebeldía

Meritxell Serret actualmente es la delegada del Govern de Cataluña en Bruselas
Meritxell Serret actualmente es la delegada del Govern de Cataluña en Bruselaslarazon

Meritxell Serret, actual delegada del Govern que preside Quim Torra en Bruselas, no quiere que si regresa a España y se pone a disposición de la Justicia, el Tribunal Supremo le juzgue por el delito de desobediencia por el que está procesada, en relación con su actuación tendente a la celebración del referéndum ilegal que se llevó a cabo el 1 de octubre de 2017. Por ello, ha presentado en el Alto Tribunal una petición solicitando que la causa se remita a Cataluña, al entender que el Supremo no es competente para enjuiciarla, según señalaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas. Serret, que era consejera de Agricultura en el Gobierno de Carles Puigdemont, se encuentra declarada en rebeldía, desde el mismo momento en que no se presentó a declarar ante el instructor del “Procés”

La Sala de lo Penal ha dado traslado de su petición a la Fiscalía para que emita el preceptivo informe al respecto. En este sentido, fuentes jurídicas señalaron que el Ministerio Público se opondrá previsiblemente a tal solicitud y que, en todo caso, la misma puede plantarse como cuestión previa al inicio del juicio oral.

Serret fue procesada en rebeldía por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por los delitos de malversación y desobediencia en mayo de 2018, junto a los que fueron juzgados por el 1-O y otros declarados en la misma situación de rebeldía, decisión que fue confirmada por la Sala en noviembre del pasado año. En la misma resolución se confirmò también el procesamiento de Antonio Comín, declarado igualmente en rebeldía. Sin embargo, con la sentencia del Supremo sobre el “Procés” sólo se le podría juzgar por desobediencia y la pena, en su caso, sería en el escenario más desfavorable para ello la de inhabilitación para ocupar cargo público, ya que se absolvió del delito de malversación a los que , al igual que ella, habían decidido asumir los gastos del 1-O en las cuentas de sus departamentos, pero que no llegaron a pagar nada.

Esta circunstancia hace que el juicio dependa en buena parte de la voluntad de Serret, ya que España no ha cursado ninguna orden para que las autoridades belgas la entreguen a la Justicia española, algo que, en todo caso, resultaría más que improbable a la vista de los antecedentes respecto a otros prófugos. Si decidiese regresar a España tendría que comparecer ante el Tribunal Supremo, pero, dado el delito que se le imputa, “no tendría ningún riesgo de ingresar en prisión”, según fuentes jurídicas.