Expertos para certificar...un 20% de incumplimiento

El Gobierno conceptuó el balance de fin de año del presidente Sánchez como un ejercicio de autobombo, en el que, con la excusa de la rendición de cuentas se dedicó a sacar pecho por la gestión del Gabinete en estos casi doce meses de vida, marcados por la pandemia. En forma de informe, avalado por un nutrido grupo de expertos, fue versando el grado de cumplimiento de los compromisos que adquirió desde su investidura para desarrollar a lo largo de toda la legislatura. El documento de fiscalización fue elaborado en Moncloa por el Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, que dirige Iván Redondo.

En el informe se cifra en el 23,4% el grado de cumplimiento de los planes programados por el Gobierno. Un porcentaje que se espera ampliar hasta el 32,6% el próximo mes de junio. Por el contrario, el cumplimiento más bajo de los compromisos adquiridos es el relativo al pacto de coalición que se rubricó con Unidas Podemos, que, no obstante, se ubicaría en el 20,3%.

El documento concluye que, desde la investidura, el Gobierno ha asumido 1.238 compromisos, de los cuales 428 proceden del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. Desde Moncloa señalan que, si se suman los compromisos cumplidos a aquellos en los que se está trabajando, ya habrían activado un 90,9% del total. De los 239 compromisos del discurso de investidura de Sánchez, el Gobierno da por materializados el 23,8%. El presidente hizo hincapié en el grado de dificultad de este año, en el que el azote de la pandemia, lejos de suponer un lastre, ha «acelerado» la puesta en marcha de un gran número de medidas, lo que hace que el Ejecutivo lleve un «semestre de adelanto en el cumplimiento» de las iniciativas que había previsto.

Dentro de estas medidas, llama la atención algunas ausencias, entre ellas, la de la reversión de la reforma laboral de 2013. Un compromiso asumido como parte del acuerdo de la coalición y que figura como pendiente. El informe detalla que no se han iniciado los trámites para limitar la subcontratación o para acabar con la modificación unilateral de las condiciones de contratos por parte de las compañías. Tampoco se ha derogado la ultraactividad limitada de los convenios colectivos, ni se ha trabajado para dar prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los de ámbito superior o los descuelgues por causas económica.

La derogación de la reforma laboral es uno de los puntos de fricción entre los socios de la coalición, porque, mientras en Podemos abogan por una reversión total, en el PSOE no se mueven de su apuesta por una eliminación limitada a los aspectos más lesivos de la misma. En la actualidad está abierta la guerra entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño, pero ya en el pasado, durante el estado de alarma, esta cuestión, que se vinculó al apoyo de Bildu a una de las prórrogas, ya generó un importante revuelo en el seno del Ejecutivo, que tensionó sobremanera las relaciones. En este contexto es comprensible que este compromiso se mantenga aún «pendiente».

Por contra, uno de los compromisos más importantes cumplidos este año ha sido la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, tal y como destacó el presidente del Gobierno, así como el ingreso mínimo vital (IMV), la subida del sueldo de los funcionarios, de las pensiones o el incremento del SMI hasta los 950 euros, aunque en 2021 se vaya a congelar.