A los refugiados afganos les ha pasado lo mismo que sucede con las películas de amor. Terminan y nos vamos a casa con el buen sabor de boca que dejan los finales felices aunque, en realidad, con los títulos de crédito es cuando empieza todo. Hace tres meses vivimos en directo el drama de su exilio y nos quedamos satisfechos porque 1.401 de aquellos evacuados, pertenecientes a 537 familias, iban a echar raíces en nuestro país. Lejos de la amenaza del verdugo talibán. La verdad es que, más de 100 días después de la caída de Kabul, esta gente sigue teniendo una vida muy dura. Aunque ahora estén en España y aunque hayan salvado la vida.

La familia de Fatima (nombre ficticio) trata de empezar de cero en una localidad del sur de Madrid. El 23 de agosto lograron salir de la capital afgana en uno de los primeros vuelos fletados por España, gracias a que uno de ellos había servido de intérprete para nuestras tropas. En pocos días ya estaban instalados en una vivienda espaciosa de la Fundación San Juan de Dios. Son ocho personas en total entre hijos, nueras y nietos, y se quejan de que la ayuda para la manutención es insuficiente. Más que lamentarse, la jefa del clan está enfadada.

Sentada en el salón de esta casa típicamente española, con la vitrina para la vajilla y el suelo de parquet a cuadraditos, levanta la voz: «Estamos muy mal, en Afganistán vivíamos mejor que aquí. Yo trabajé 17 años para la Policía y tuvimos que huir porque nuestra vida corría peligro, teníamos mucho miedo. La casa está bien, los vecinos son amables, pero el dinero que nos dan para la comida no llega para nada. Allí moriríamos de una vez, pero aquí vamos a morir de hambre lentamente».

A su lado, Fayad, uno de los hijos que vino hace pocos años siguiendo a su hermano, traduce las palabras de su madre. Dice que reciben al mes 612 euros para sufragar la comida y los productos de primera necesidad de los ocho, 76,5 por cabeza. «No queremos que nos dé para ahorrar, solo que podamos terminar el mes. Casi no nos llega ni para la primera semana, después nos mantenemos a base de pan y té. Si el Estado español no podía mantenernos a todos, quizá hubiera sido mejor que no nos trajera», continúa. Ella está operada de la vesícula y asegura que no puede seguir la dieta que debería: «En tres meses no he comido carne. Además sufro del corazón y no me han atendido, solo he visto al médico una vez».

Esta familia, igual que miles de compatriotas, dejó el patrimonio intacto en Afganistán. Fatima cuenta que trataron de meter todo lo que pudieron en varias maletas que terminaron en la acequia que rodeaba el aeropuerto de Kabul durante las horas de interminable espera. Los talibanes se han quedado con todo, coches, casas, negocios. Abdala, el hijo pequeño, saca el teléfono móvil y le enseña al fotógrafo imágenes de lo que dejaron atrás. A él le faltaban solo tres meses para terminar la carrera de Derecho, trabajaba de chófer y tenía un supermercado. Ahora estudia español cada día en un centro de San Juan de Dios para ver si dentro de tres meses, que es cuando podría trabajar legalmente, encuentra algún empleo.

Además de los ahorros, Fatima dejó en Kabul cuatro hijas y un hijo. El atentado terrorista del Estado Islámico el 26 de agosto les pilló en los alrededores del aeropuerto y se quedaron fuera. Cada día hablan por teléfono. «Nos llaman llorando, la cosa está fatal. Cambian de casa constantemente porque están amenazadas y desde aquí no podemos hacer nada. Es horrible», cuenta Abdala.

, lo cierto es que las ayudas para los solicitantes de Protección Internacional se quedan muy cortas. Están reguladas por un Real Decreto de julio de 2015 y desde entonces no han sido modificadas. Una mujer refugiada sola y sin recursos, por ejemplo, derecho a 170 euros al mes para su manutención. Una cifra a todas luces insuficiente se venga del país que se venga.

El desarraigo de los que se refugian en España se complica porque viven escindidos. Los que se quedaron atrapados les piden ayuda constantemente y otros que han encontrado asilo en Barcelona, Valencia u otros países de la Unión Europea les cuentan las supuestamente maravillosas condiciones de su destierro. Circulan entre ellos historias sobre cómo en Alemania cada afgano recibe más de 600 euros al mes solo para sus gastos: «Allí están viviendo mucho mejor. Cada semana les dan 150 euros a cada persona de dinero de bolsillo. Les pagan todo lo demás, comida casa... Y si alguien tiene dolor de cabeza, directamente va una ambulancia, lo recoge y lo traslada al hospital».

Al margen de estas leyendas urbanas, lo cierto es que las ayudas para los solicitantes de Protección Internacional se quedan muy cortas. Están reguladas por un Real Decreto de julio de 2015 y desde entonces no han sido modificadas. Una mujer refugiada sola y sin recursos, por ejemplo, tendría derecho a 170 euros al mes para su manutención. Una cifra a todas luces insuficiente se venga del país que se venga.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aseguran a LA RAZÓN que «el criterio a seguir en función de las vulnerabilidades de los miembros de la familia (menores o ancianos a cargo) hace que sea complejo aportar una cifra estándar». Además, no siempre se ofrecen estas ayudas en los pisos de primera fase de la acogida «porque algunas de las entidades, en función de su capacidad de despliegue en cada territorio, en lugar de esta ayuda económica para la comida e higiene, aportan la manutención ellas mismas en las propias casas a través de sus trabajadores sociales». Además, si la persona disponía de recursos propios o empieza a trabajar, la ayuda se recalcularía.

En el caso de esta familia, el benefactor intermediario es la orden de San Juan de Dios. Dicen que cuando les transmiten sus quejas por lo exiguo del presupuesto, les dicen que «es lo que hay, que viene estipulado desde el Ministerio». «Sabemos que ellos no tienen la culpa, los trabajadores sociales no pueden hacer nada más. Ellos saben que el dinero es muy poco y no nos llega para nada».

Desde esta fundación católica aseguran a este periódico que, además del dinero en metálico para la manutención, existen otras formas extra de apoyo desde su área de desarrollo solidario, como comedores sociales o reparto de ropa y otros enseres. Un «añadido» a la subvención del Gobierno que les «ayuda y complementa» y que también incluye regalos o material escolar para los niños.

El proceso de tutela previo a la autonomía consta de dos fases que deben concluir antes de que pasen 18 meses desde el comienzo. Entonces, la persona debería estar preparada para ser completamente independiente y mantenerse en todos los sentidos. Resulta muy difícil imaginar a estos ocho afganos que ahora se quitan la palabra unos a otros en un salón de un pueblo madrileño viviendo por su cuenta en poco más de un año. La barrera del idioma, el trauma que acarrean o el abismo cultural y social se interponen en el camino. Demasiados obstáculos para cualquiera.