Lesmes inclinará la balanza del Constitucional

Comienza el «sprint» en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para las conversaciones sobre los nombramientos al Tribunal Constitucional (TC). La semana decisiva se inicia hoy y el aperitivo del día grande -el pleno agendado para este jueves- se antoja intenso. Los vocales de un lado y de otro han convocado reuniones previas para poner candidatos y opiniones en común después de un agosto de pocos contactos. Los progresistas, que sí tienen claro que seguirán la línea marcada por el Gobierno para designar a los dos magistrados que les tocan, se verán hoy para comenzar a perfilar el listado definitivo. Los conservadores, mañana con una incógnita anterior: votar o plantarse ante lo que consideran una maniobra del Ejecutivo para hacerse con el órgano que vela por la Constitución. Y, mientras, todas las miradas para decantar la balanza están puestas en el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.

Los números son claros. Doce candidatos deben estar a favor de elegir a dos miembros que, unidos a los otros dos que por turno toca designar al Ejecutivo, sustituirán al actual presidente del TC, Pedro González-Trevijano, al vicepresidente Juan Antonio Xiol y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Un tercio del tribunal de garantías que, de renovarse, deberá decidir sobre asuntos tan importantes como el aborto, la educación o la eutanasia. Si sale la suma, el Tribunal Constitucional completará una mayoría progresista de gran interés para los partidos del Gobierno, incluido Unidas Podemos que ha pedido tener su cuota decidiendo sobre alguno de los candidatos, y de muy poco para el PP.

Existe un núcleo de unos seis vocales que están asentados en el no y que estos días se concentran en convencer a sus compañeros de que no deben acceder al ultimátum que el Ejecutivo les ha dado con plazo hasta el día 13 para que escriban sus nombres. Las fuentes consultadas en este sector, creen que no se pueden exigir acuerdos en el CGPJ toda vez que PP y PSOE no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera para pactar el relevo de Alfredo Montoya en el TC, que renunció el pasado mes de julio por enfermedad. Y tampoco, dicen, es aceptable que los socialistas y los morados hayan modificado la Ley para cambiar el Constitucional y beneficiarse así de la entrada de magistrados de su cuerda, mientras mantienen suspendidas las funciones del Poder Judicial de nombrar a los jueces en las cúpulas del resto de órganos que acumulan ya 62 vacantes.

En esta senda del no transitan los vocales que ya se opusieron a la designación del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Se trata de José Antonio Ballesteros, Gerardo Martínez, Carmen Llombart, José María Macías, Mª Ángeles Carmona y José Manuel Fernández. Sin embargo, algunos como Nuria Díaz, que también votó de forma discrepante a la designación del jefe de la Fiscalía, ha transmitido que es favorable a la renovación. «Por encima de todo ella considera que hay que cumplir la Ley», dicen fuentes del órgano. En la duda están también Vicente Guilarte, Juan Martínez Moya y Wenceslao Olea y serán estos, los dudosos, los que decanten la partida. Si se unen a los ocho vocales progresistas las cuentas salen, pero de lo contrario el bloqueo puede imponerse y en este caso las consecuencias son desconocidas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha transmitido su intención de nombrar sí o sí a sus dos magistrados. Un escenario que pondría en un compromiso sin antecedentes al propio Constitucional que debe revalidar a sus compañeros.

Y en todo este nudo Lesmes sostiene la responsabilidad del desenredo. «Harán lo que diga el presidente», dice una fuente interna sobre los vocales indecisos. El presidente del CGPJ ha votado con los progresistas en algunos de los últimos informes de leyes aprobadas así como en la designación del fiscal García Ortiz. Algo que fuentes del PP y algunos vocales consideran una «traición», mientras que otros entienden que la actitud del presidente busca favorecer sus propios intereses. Estos, según dichas fuentes, pasan por terminar ocupando una silla del Constitucional cuando finalice su mandato.

Segoviano y Huet se perfilan como candidatas

Si los vocales consiguieran pasar este primer estadio y llegar al jueves con un acuerdo, las listas de nombres estarán más afinadas.

Del lado conservador está costando encontrar a candidatos porque algunos como Antonio del Moral o Ignacio Sancho han rechazado la oferta. «Nadie quiere ser recordado como el candidato que sucumbió a la treta de los socialistas», dice un vocal en relación al rechazo de los aspirantes. Estas semanas atrás se han producido llamadas de dispuestos a ocupar un puesto en el tribunal de garantías como Diego Córdoba (magistrado de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo), Eduardo Espín (magistrado del Supremo que fue letrado del Tribunal Constitucional) o Paco Marín (magistrado de la Sala Primera del Supremo).

En el sector progresista aunque se escucha el nombre de algún varón como José Manuel Bandrés (magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativa) están buscando incrementar la representación femenina en el Constitucional que solo tiene tres mujeres Una opción que valoran como positiva es la de la presidenta de la Sala Cuarta del Supremo, María Luisa Segoviano, cuya jubilación está prevista en unos meses y, por tanto, no añadiría una vacante extra al órgano (porque va a producirse igualmente) que ya tiene suficientes plazas desocupadas. Otro nombre que gusta mucho a los consultados es el de Ángeles Huet, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Si la renovación se pactara como quiere el Gobierno, la semana que viene se iniciarían las quinielas para ver quién será entonces el nuevo presidente del TC y la magistrada María Luisa Balaguer parece querer disputar la que todo el mundo asumía era la presidencia de Cándido Conde-Pumpido. Pero eso ya es un juego de tronos del futuro.