Generosidad toda, ingenuidad ninguna

Salvador Illa, primer secretario del PSC, fue uno de los corredores de la maratón de Valencia del domingo 4 de diciembre. Cubrió la distancia en menos de cuatro horas. Hizo una cierta trampa porque Illa entrena cada día en la política catalana. A diferencia de Inés Arrimadas, el líder del PSC se deja notar en la política catalana. En los presupuestos, enfriando la expectativas de Pere Aragonés que pretende aprobarlos por unanimidad y sin apenas negociación; ante el Govern de la Generalitat que califica de «colapsado» y sobre el que ejerce una oposición con mano de hierro y guante de seda; en el Ayuntamiento de Barcelona donde Jaume Collboni le está poniendo las cosas difíciles a una desdibujada Ada Colau que habla de todo menos de Barcelona, incluido su viaje a Kiev; y en la política española dando hace unos días un aviso a navegantes que se ha convertido en la enmienda de PSOE y Podemos sobre malversación: «El uso indebido de fondos públicos no puede acabar sin sanción».

A ERC no le ha gustado la enmienda pero deberá hacer su particular trágala porque sin esta enmienda no hay nueva calificación de la malversación que valga. No solo es el PSOE y Podemos, sino tampoco estarán por el cambio ni Compromís, ni Más País ni el PNV. Así las cosas, los republicanos deberán aceptar las condiciones porque lo que no es de recibo es que la mala utilización de los fondos públicos no tenga un mínimo castigo. Podemos convenir que el PP hizo una reforma en 2015 tocado como estaba por el gol que le metió por la escuadra Artur Mas tras su consulta del 9 de noviembre. No supieron pararla y endurecieron el delito de malversación. En 2017 volvió a pasar y tampoco el PP estuvo a la altura y no paró la consulta. Ahora toca tomar «decisiones arriesgadas», como dijo el presidente Sánchez porque hay que retomar la normalidad en Cataluña.

Desde la derecha, la reforma de los delitos de sedición y malversación son poco menos que una rendición al independentismo. Desde la derecha independentista, las reformas son un blanqueo de unas medidas que siguen persiguiendo los delitos que se cometieron en 2017. Con penas más adecuadas y acordes a la legislación europea, pero reconociendo unos delitos. «Generosidad toda, ingenuidad ninguna», dijo el líder del PSC para definir el movimiento del Gobierno de España y el concepto que pretende el Ejecutivo. Generosidad con los que fracasaron en el 2017 pero sin impunidad como algunos pretenden. Y sin impunidad un nuevo intento de forzar las costuras del Estado será castigado, sin olvidar que el principal elemento en defensa del Estado de Derecho no son las penas, sino el artículo 155.

Sorprende en estos días los cariñosos recuerdos de Oriol Junqueras a Carles Puigdemont. Cuatro años de cárcel le caerían al exiliado de Waterloo con la modificación de los delitos. Aunque suena que lo dice con la boca pequeña, porque si Puigdemont tiene que afrontar cárcel no vendrá a España por propia voluntad y eso es el oscuro objeto de deseo de los republicanos; que no vuelva. Si Puigdemont sigue en Bélgica sus planes para imponerse en el mundo independentista están garantizados, porque también los independentistas de ERC quieren poner el contador a cero porque, en el fondo, reconocen que 2017 no fue una victoria sino un sonoro fracaso.

Los de Junqueras y Aragonés leen correctamente lo que pasó hace cinco años, también lo hacen el PSOE y Podemos, mientras que los de Junts per Catalunya –que cada día se parecen más a la CUP– y los del PP –siempre mirando de reojo a Vox– siguen anclados en la pugna de 2017. Una pugna que ya no existe porque los indultos y las reformas de la sedición y la malversación están abriendo un nuevo espacio. Con generosidad, como dice Illa, pero sin ingenuidad porque por mucho que se agite el fantasma de un nuevo 2017 esto no sucederá porque nadie quiere repetir un fracaso. No estamos en una carrera rápida, estamos en una gran maratón.