Las minas que deja Sánchez a Feijóo

Alberto Núñez Feijóo ha convertido en consigna «el cambio necesario». Estamos empotrados en el 2023 electoral de los políticos. Si los acontecimientos marchan según los sondeos, el cambio será real antes de fin de año. De ser así, el líder del PP tendrá en sus manos no solo arreglar la estancada economía, sino acometer una regeneración institucional cuyos primeros pasos son su propuesta de reforma para la despolitización de la Justicia o su defensa de la Constitución frente a quienes forman el mecano Frankenstein, cuya bandera alza Pedro Sánchez.

El entorno de Feijóo ya asume que la conquista del poder les meterá en un laberinto complicado: la herencia envenenada del sanchismo. Con o sin el maná de los fondos europeos, las cuentas de Sánchez se resumen hoy en una deuda pública superior a los 1,5 billones de euros. El 116% del PIB. Nuestro déficit es oficialmente del 4,6%. La actual estructura de gastos, sumada al aumento de recursos que demandará la financiación de las pensiones por el envejecimiento demográfico y por el compromiso extraordinario de 20.000 millones de euros con la subida del 8,5%, corre el riesgo de traducirse en otra vuelta de tuerca para nuestro endeudamiento. El Gabinete, por cierto, sigue sin cumplir con la reforma del sistema de pensiones demandada desde Bruselas. Sánchez no desea pisar ese barrizal con las urnas abriéndose.

El panorama, con una inflación ahora mismo del 5,8% (y casi 7% la subyacente) y un euribor en el 3,2%, va a lastrar el crecimiento económico y la creación de empleo. Porque maquillar los datos del mercado laboral y el número real de desempleados con el colorete de los «fijos discontinuos» puede servir a los intereses publicitarios de Sánchez, pero ese tinglado sólo puede ser otro motivo de preocupación para quien ocupe el Palacio de La Moncloa en 2024, toda vez tenemos la cifra de paro más alta de la UE y promete superar de nuevo la barrera del 13%. ¿Cómo es posible que el gasto en prestación de desempleo suba un 10,4% si bajan los parados? Sánchez goza, además de los fondos europeos, de la congelación del Pacto de Estabilidad que estipula como dos principios rectores un déficit anual del 3% del PIB y una deuda de los estados miembros por debajo del 60%.

Pero, las normas volverán a regir y, qué duda cabe, demandarán sobreesfuerzos, responsabilidad, reformas estructurales sensatas. Y ello sólo es posible si quien ocupa el poder tiene altura de miras. Es inimaginable Sánchez en este momento comprometido con un proyecto así. El presidente está ya en modo candidato y solo busca votos. Eso sí, lo que pisa lo convierte en terreno minado. El que venga detrás, que arree. Esa filosofía glosa el espíritu con el que el sanchismo afronta su curso político, con las municipales y autonómicas como antesala de las generales. Miren, por ejemplo, la comunicación a la Unión Europea de que el pago por uso de las autovías se aplaza hasta 2024: una pelota que deja botando, aunque venga recogida en el Plan de Transformación y Resiliencia comprometido con Bruselas para lograr el desembolso de hasta 140.000 millones de euros de fondos europeos.

Es lo que entiende el presidente por «dar la batalla hasta el final». Son muchas las voces expertas que advierten de que esa querencia por las dádivas y subvenciones destinadas a «comprar votos» es insostenible en una economía que simplemente rebota sin alcanzar aún los niveles prepandemia. Sin embargo, nada permite suponer que el Gobierno vaya a cambiarla. Al revés. Veamos el famoso cheque de 400 euros destinado a los jóvenes que cumplieron 18 años en 2022. De hecho, se trabaja en ampliar el «bono cultural» para quienes alcancen la mayoría de edad en 2023. Otro botón de muestra de medidas que no buscan ayudar a quienes más lo necesitan. Podríamos decir que Sánchez, con descaro, se interna en un «nuevo caciquismo». Ahora, en lugar de dar monedas por ir a votar al designado por el cacique, se regalan videojuegos o entradas de cine para engrasar votarle a él. Mientras, las familias vulnerables son despachadas con 200 euros al año –ni 17 al mes– para poder comer. Un ranking de prioridades inaceptable.