Atentado en Algeciras

La Policía asegura que hay «cientos de miles» de personas en la misma situación irregular del atacante

Marlaska señala que «somos uno de los países con mayores tasas de órdenes de expulsión» y que «se trabaja y se controla» todos estos casos

El ministro de Interior, Fernándo Grande-Marlaska, sale de la iglesia de La Palma, en Algeciras (Cádiz), tras un encuentro con su sacerdote
El ministro de Interior, Fernándo Grande-Marlaska, sale de la iglesia de La Palma, en Algeciras (Cádiz), tras un encuentro con su sacerdoteNONO RICONONO RICO

A Yassin Kanjaa le habían abierto un procedimiento de expulsión en junio de 2022 que nunca llegó a ejecutarse. Este proceso administrativo «lento» es «dificilísimo» de llevar a cabo, según explican fuentes policiales de Extranjería. En sus cálculos hay cientos de miles de personas en la misma situación que el presunto terrorista, viviendo en España de forma irregular sin papeles y pendientes de su retorno. El ministro Fernando Grande-Marlaska aseguró ayer que «se trabaja y se controla a todos los ciudadanos que se encuentran en situación irregular».

Kanjaa había sido expulsado en 2019 de Gibraltar a Marruecos. Así lo publicó ayer el diario «Gibraltar Chronicle». Interior ha confirmado, sin embargo, que no tenía antecedentes penales en España y ningún país lo buscaba por delitos, así que se siguió el proceso habitual: incoar un trámite de expulsión y dejarlo en libertad. El departamento de Marlaska desmintió que estuviera bajo sospecha de ninguna unidad policial o que se le tuviera vigilado. «No estaba en ningún radar de radicalización».

Lo cierto es que «no falló nada», explican las fuentes consultadas en Extranjería. Muchos de las personas en situación irregular entran simplemente como turistas (ya sea con visado o sin él) y prolongan la estancia más de lo permitido. Pasados los tres meses ya constan como irregulares, pero pueden hacer vida normal e incluso empadronarse si disponen de pasaporte.

Conforme a la Ley de Extranjería a Kanjaa se le abrió expediente administrativo, pero sin antecedentes y con domicilio aportado, quedó en libertad. Cuando se incoa uno de estos trámites de expulsión la Policía avisa a un Centro de Internamiento de Extranjero (CIE) que deben dar plaza para que la persona se quedé durante unos días hasta que salga el vuelo a su país. El problema: allí solo pueden estar 72 horas y si no hay avión de expulsión hay que dejarlos en libertad. «Se puede acordar alguna medida para que vengan a firmar a comisaría, pero viene uno entre un millón. El 99% no aparecen», explican citadas fuentes.

En España algunos de estos consultados calculan que hay alrededor de unos 850.000 extranjeros irregulares. «Debe ser el triple de eso. Hay muchos que no están localizados», contrapone otro. Desde Interior han señalado que no tienen esta estadística disponible. «Anualmente entran unos 15.000 marroquíes y se expulsa a unos 800», revelan fuentes de la lucha antiterrorista. La Comisaría General de Extranjería tiene acuerdos con Marruecos y otros países para vuelos de expulsión, pero el Estado debe expender un documento de identidad y aceptarlos y a veces no es tan fácil. «No se puede expulsar a un tío tirándolo de un avión», dicen.

En cualquier caso, el ministro se encargó de remarcar ayer que no hay fallas en el sistema. «Tenemos Fuerzas altamente profesionales con capacidad de hacer frente a cualquier tipo de amenaza». Además, desde Interior recordaron que desde la llegada del Gobierno en 2018 se ha incrementado un 31% el número de efectivos entre Policía y Guardia Civil en el Campo de Gibraltar. Principalmente porque es una zona de ardua lucha contra el narcotráfico. En concreto, Algeciras ha pasado de 1.956 agentes de ambos cuerpos en diciembre de 2017 a 2.579 en agosto del pasado año.