257.500 millones, la tercera mayor deuda de la eurozona

El futurible Estado catalán asumiría la totalidad de las deudas de la actual Generalitat catalana y, a su vez, una parte de la deuda pública de la Administración Central del Estado español.

La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, presentada el lunes por Junts Pel Sí y la CUP, establece en su artículo 82 que «el Estado catalán sucederá al Reino de España en los derechos y obligaciones de carácter económico y financiero en los términos que se acuerden con éste, y los que se deriven de acuerdos con terceros. Asimismo, continúa con la posición de la Generalitat en la totalidad de derechos y obligaciones de carácter económico y financiero, garantizando su ejercicio y cumplimiento». O dicho de otra manera, el futurible Estado catalán asumiría la totalidad de las deudas de la actual Generalitat catalana y, a su vez, una parte de la deuda pública de la Administración Central del Estado español. Actualmente, la deuda pública de la Generalitat asciende a 75.500 millones, el equivalente al 36,8% del PIB catalán. A esta cifra habría que añadir parte de la deuda pública española. En este sentido, existen dos criterios para determinar tal parte.

El primero, distribuir la deuda pública del Gobierno en función del peso poblacional de Cataluña. Los pasivos del Ejecutivo central ascienden a 988.000 millones, unos 22.000 euros por ciudadano español. Dado que en Cataluña residen unos 7,5 millones de personas, la porción de deuda pública estatal que le correspondería sería de 161.000 millones. Sumándolos a los 75.500 millones en deuda autonómica, el futurible Estado catalán arrancaría con unos pasivos públicos de 236.500 millones: el 115,5% del PIB catalán.

El segundo, a través del peso económico de Cataluña dentro de España. El PIB español asciende a 1,11 billones y el catalán a 205.000 millones, de modo que el PIB catalán equivale al 18,4% del español. Así, le corresponderían al Estado catalán 182.000 millones de la presente deuda, lo que añadido a los 75.500 millones en deuda de la Generalitat, totalizaría 257.500 millones: el 125,7% del PIB catalán.

En definitiva, una Cataluña independiente, fruto de una negociación de buena fe con el Estado español, arrancaría con una deuda pública entre el 115% y el 125% del PIB: la tercera más elevada de toda la Eurozona, sólo superada por Grecia (181% del PIB) y por Italia (130%). Se trata de un monto no inasumible, pero sí de muy difícil digestión: condenaría al país a padecer altos impuestos con modestos servicios públicos durante bastantes ejercicios.

Y éste sería el mejor de los escenarios. Si se negara a asumir su parte de la deuda pública española, la coyuntura se volvería mucho más complicada, tanto para Cataluña como para España. La causa la encontramos en el artículo 81.2 de la Ley de Transitoriedad, donde se promete que el Estado catalán protegerá a los ciudadanos catalanes de la hacienda pública española. A la postre, en un Estado independiente, la legitimidad para recaudar impuestos residiría en la Hacienda catalana. Pero, ¿qué sucede si el Estado español no reconoce la legitimidad del Estado catalán independiente? Pues que dos haciendas distintas reclamarán a los catalanes que abonen dos veces los pertinentes impuestos.

En tales circunstancias, el flujo de recaudación tanto de Cataluña como de España se volvería enormemente inestable (habría catalanes que se resistirían a pagar sus impuestos al Estado español; otros se opondrían a abonarlos al catalán), con lo que la capacidad de ambas administraciones para hacer frente a su deuda pública se vería muy mermada. ¿Qué acreedores querrían refinanciar la deuda de un Estado cuyos ingresos fiscales no sólo son inciertos, sino que están al albur del enfrentamiento entre dos Estados y de la voluntad de los contribuyentes para pagar o no pagar a la administración que sea de su agrado? Una secesión a cara de perro puede que aligerara la cantidad de deuda que pesa sobre las espaldas del Estado catalán, pero lo haría a costa de la inestabilidad estructural de su capacidad recaudatoria: menos deuda, pero mucho menos solvente.