400 alcaldes con 300 procesos judiciales a sus espaldas

Artur Mas le ha cogido el gusto a recurrir a los alcaldes entregados al proceso soberanista para rodearse de ellos en las ocasiones especiales. Lo hizo el 4 de octubre de 2014, cuando convocó en el Palau de la Generalitat a todos aquellos que aprobaron en sus municipios un acuerdo para apoyar la consulta del 9 de noviembre. En aquella ocasión, unos 800 alcaldes se desplazaron a la capital catalana desde todos los puntos del territorio con sus varas de mando y unieron sus voces para gritar a favor de la independencia en el Patio de Carruajes de la Generalitat.

Ayer no fueron tantos. Apenas la mitad, pero repitieron el simbolismo de acudir a Barcelona con su bastón. Son los alcaldes que han decidido integrar a su municipio en la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), una entidad en la que sólo participa una de las cuatro capitales de provincia de Cataluña (Girona) y que apenas cuenta entre sus miembros con alguna de las ciudades más pobladas. Ni Barcelona, ni L’Hospitalet de Llobregat, ni Lleida, ni Tarragona, ni Santa Coloma, por poner algunos ejemplos.

Son en su mayoría ayuntamientos de pequeño tamaño y ajenos al área metropolitana. Su objetivo es ir de la mano con la Generalitat en el proceso hacia la independencia y su operativa consiste en desbordar la legalidad española con gestos de soberanía. Sus iniciativas estrellas son izar la «estelada» en las fachadas municipales, aprobar mociones a favor de la soberanía fiscal para que los ayuntamientos liquiden sus impuestos ante la Agencia Tributaria de Cataluña y declarar a sus localidades como «territorio catalán libre y soberano».

Por todo ello, y también por aprobar el pago de cuotas a la propia AMI han recibido un total de 308 denuncias por parte de la Delegación del Gobierno. Los municipios soberanistas se jactan de que una parte importante de estos contenciosos acaban desestimados y así toman fuerza para seguir desbordando la legalidad española.