«¡A mí la multa me la quita la senadora!»

Un vecino de Corral de Almaguer denuncia que la alcaldesa y senadora ha retirado decenas de multas a personas afines a su partido, familiares y amigos

Sábado por la noche. Un agente de Policía Local observa cómo un Peugeot de color azul va lanzado por el centro del pueblo. Está a punto de chocarse. Ante el evidente riesgo, le da el alto. Después de pedirle los papeles y realizar el test de alcoholemia, el agente rellena dos boletines de denuncia. En la primera escribe: «Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 milígramos por litro. Prueba da 0,56 m/l espirado». El resultado es más del doble del máximo establecido, así que en la casilla de «puntos a detraer» anota «4»; en el epígrafe de cantidad, «500 euros», con reducción a «250» si no recurre la sanción y paga pronto. En el segundo boletín de denuncia redacta: «Conducir de forma manifiestamente temeraria. Conducción a alta velocidad con peligro de colisión contra vivienda». Los importes de las multas son los mismos, pero los puntos que pierde son «seis». El hecho ocurrió el 29 de junio de 2013 en Corral de Almaguer, como así refleja la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El vecino de la localidad, primo hermano de un concejal, presenta siete semanas después un escrito en el Ayuntamiento en el que alega: «He recibido en mi domicilio las notificaciones de denuncia. Pido disculpas por lo ocurrido. Estoy arrepentido. He abonado las sanciones económicas. Solicito que no se haga efectiva la retirada de los puntos, ya que por mi trabajo necesito el permiso de conducir. Agradeciendo de antemano y pidiendo disculpas de nuevo». El consistorio, como establece la norma, traslada estos argumentos al agente que lo multó para que los acepte o los rebata y éste responde: «La Policía no determina si se retiran o no los puntos, puesto que podemos incurrir en un delito de prevaricación. La retirada de puntos está determinada por la Ley según sea la gravedad de la infracción cometida».

Ante la negativa del agente a suspender la sanción de los puntos, la última decisión queda en manos de Juliana Fernández-Cueva Lominchar, alcaldesa de este pequeño pueblo de Toledo desde el año 2007 y actual senadora del PP. La regidora, en un decreto de 9 de septiembre de 2013, establece: «Visto lo anterior, el instructor del presente expediente sancionador propone considerar estimadas las alegaciones del vecino y disponer el sobreseimiento y archivo del presente expediente y no disponer la retirada de los puntos (diez) ante la Dirección General de Tráfico. Lo decreta y lo firma la Sra. alcaldesa-presidente ante mí, la secretaria, que doy fe».

No es el único caso de estas características. Otro vecino es cazado borracho al volante el 6 de junio de 2013 a las 4:50 de la madrugada. Curiosamente también es sábado. Supera en el doble la tasa de alcohol. Paga la multa, pero recurre la retirada de puntos con estos argumentos: «El motivo de usar el vehículo fue el aviso de alarma de la nave que tengo fuera del pueblo. Me han robado varias veces. Fui a evitar el robo, sin pensar que había bebido un poco. He pagado la sanción pero solicito que no me quiten los 6 puntos». Éste ni siquiera pide perdón. Una vez más, el agente ratifica la denuncia y la alcaldesa, en un decreto de 9 de septiembre de 2013, resuelve que «visto el escrito presentado por el vecino, se estiman las alegaciones formuladas y se dispone el sobreseimiento y archivo del expediente sancionador y no disponer ante la DGT la retirada de los 6 puntos». Lo firma Juliana Fernández-Cueva y da fe de ello la secretaria. A los expertos consultados les parece insólito. Todos coinciden en que si el infractor paga y se beneficia de la reducción de la multa en un 50%, se está asumiendo implícitamente la culpa y, por tanto, los puntos deberían haber sido retirados de su carné.

Éste y decenas de hechos similares fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Toledo hace más de tres meses y nada ha ocurrido. «¿Qué ha pasado?», se preguntan incrédulas algunas personas. En la denuncia de diez folios a la que ha tenido acceso LA RAZÓN consta un cuadro con fechas, multas, importe de la sanción, modelo de vehículo y hasta los artículos infringidos. Buceando en las excusas de los vecinos denunciados de Corral de Almaguer, algunas son de chirigota. Dan la impresión de que, sabiendo que se la van a quitar, escriben cualquier cosa mofándose de los agentes de Policía Local encargados de la seguridad del pueblo.

Es el caso de la denuncia que pusieron el martes 27 de agosto de 2013. Ese día, a las 12:50, un agente encuentra a un Seat Ibiza mal aparcado en la Plaza Nueva de la localidad. Hay una señal bien visible que avisa de la prohibición. Son 80 euros de sanción. Rellena el boletín y lo deja sujetándolo con el parabrisas. La mujer multada, sobrina de un concejal, recurre la multa. Alega que lo dejó un momento para acudir a la farmacia. El agente, sin embargo, ratifica su denuncia con estos argumentos: «Se le informa que en esa zona está totalmente prohibido estacionar. Solamente se puede estacionar para carga y descarga. La carga y descarga como usted debe saber, son bultos, mercancías destinados a los comercios que se encuentran en la zona de la Plaza Nueva. Al estacionar en esta zona usted está impidiendo que se pueda realizar todo lo anterior. El comprar medicamentos no es carga y descarga ya que usted dispone de estacionamiento en otras zonas cercana a la farmacia». ¿Qué hace Juliana Fernández-Cueva ante este panorama? La ya conocida como «alcaldesa quitamultas» estima las alegaciones esgrimidas por la sobrina del concejal y «dispone el sobreseimiento y archivo del expediente».

La denuncia que obra en manos de la Fiscalía asegura que el comportamiento de la regidora de la localidad necesita la colaboración también del primer teniente de alcalde, Vicente González Ramírez, que es el instructor de los expedientes. A Juliana Fernández-Cueva la acusa de un delito de prevaricación continuada y a González de «cómplice», «cooperador necesario y/o provocador o inductor». Según reza la denuncia, el comportamiento de la alcaldesa «es conocido por buena parte del personal del Ayuntamiento, aunque hay miedo a manifestarlo de cara al exterior por temor a posibles represalias».