Alaya señala a cargos de la Junta, sindicatos y PSOE como receptores de los ERE

Responsabiliza a Chaves y Griñán del reparto de beneficios a un «selecto círculo de influencias». La jueza afirma que Zarrías tenía a un hombre a sus órdenes para aprobar las ayudas millonarias. Mar Moreno, antecesora en Presidencia de Díaz, fue necesaria para el «reparto» hasta 2012

Desde el director general de Trabajo hasta el Consejo de Gobierno y el presidente de la Junta de Andalucía. Todo un organigrama que conocía, presuntamente, las ayudas millonarias ilegales que se destinaron de forma fraudulenta a falsos ERE. Entre ellos, los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes se saltaron la Ley en esa materia y, con ello, beneficiaron económicamente a cargos del PSOE y de la propia Junta, con la circunstancia añadida por parte de este último de que incumplió la propia normativa que aprobó, cuando era ministro de Trabajo, relativa a las ayudas sociolaborales, en los años 1994 y 1995.

Estos aspectos se recogen en la exposición razonada que remitió la jueza Mercedes Alaya al Tribunal Supremo el pasado 31 d ejul y donde se especifican los indicios existentes contra nueve aforados: los citados Chaves y Griñán, sus ex consejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno, respectivamente, y otros cinco ex consejeros.

La magistrada deja claro que la investigación ha puesto de manifiesto que se otorgaron millonarias ayudas que, en principio, estaban destinadas a trabajadores en paro, y que finalmente, sin respetar los trámites legales, acabaron en manos de empresas, sindicatos, «intrusos», «compañeros del partido», en referencia al PSOE, e incluso en «amigos del pueblo». Al respecto, la jueza Alaya es bastante explícita: se produjo una «auténtica subversión del ordenamiento jurídico» y esta «subversión normativa y procedimental determinaba, presuntamente, que las ayudas en gran parte de los casos, terminaran en manos de personas y empresas que por un motivo u otro estaban próximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE andaluz». De esta forma, añade, se tejió un «selecto círculo de influencias que iban desde los sindicatos, agencias o mediadoras de seguros y despachos de abogados, que propiciaban habitualmente la concesión de tales ayudas, obteniendo importantes beneficios económicos por su gestión».

Así, señala la magistrada en su escrito remitido al Supremo, bajo la apariencia de subvenciones sociolaborales, se concedieron, por parte de la Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo, esas ayudas a determinadas personas que, «con indiciario conocimiento de su ilicitud, gozaron del favor de la Administración, no existiendo solicitud por parte de éstas y produciéndose en muchos de los casos en el propio despacho del director general», que entonces era Francisco Javier Guerrero.

En cuanto a Griñán, uno de los aspectos que señala la jueza es que «con toda lógica» tuvo que conocer los informes de la Intervención que advertían de las irregularidades de esas ayudas. Y ello, añade la jueza, en primer lugar, porque «fueron muchos, años tras año», y, en segundo lugar, porque pensar lo contrario supondría que su entonces número 2, Carmen Martínez Aguayo –quien le sustituye en esa cartera cuando Griñán es nombrado presidente de la Junta–, no le informaba de los mismos. Ello implicaría que Aguayo tuvo un «ánimo de ocultación deliberado», lo que no tiene «sentido alguno». Y, en segundo lugar, porque la entonces viceconsejera «trató este tema en múltiples ocasiones con el Interventor General en el año 2005». Por estos motivos, Alaya entiende que sería «incoherente» que tuviera, Martínez Aguayo, »tanto interés en nombre de la consejería y que no hiciera partícipe del mismo a su titular, quien ejerce la dirección de ésta».

Respecto a Gaspar Zarrías, ex consejero de Presidencia de Manuel Chaves, la magistrada destaca cómo en ese puesto tenía a una persona a su cargo, el entonces jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río Muñoz, en la Agencia de Innovación y Desarrollo en Andalucía (IDEA)/Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que era la encargada de conceder las subvenciones.

Del Río Muñoz, asegura Alaya, asistió a 14 sesiones en las que se informó de la firma de 22 convenios entre IFA y la Dirección General de Trabajo, «sin oponer reparo alguno», y votó favorablemente a la ratificación o autorización de 32 convenios.

En cuanto a Mar Moreno, predecesora en la Consejería de Presidencia con Griñán como presidente, Mercedes Alaya sostiene que no sólo debió tener conocimiento político de las ayudas, vinculadas a las consejerías de Empleo, Innovación y Presidencia, sino que la instrucción ha puesto de manifiesto que debía tener también, al menos de forma «indiciaria», conocimientos del sistema de ayudas.

855 millones

El resultado de todo este entramado de presuntas concesiones de ayudas millonarias saltándose todos los trámites y realizándose modificaciones para ajustarlas «a la carta» tuvo un resultado más que perjudicial para el erario público andaluz: «La ilegal aplicación de fondos públicos por importe de 855 millones de euros, y ello, indiciariamente, a través de la patente vulneración del ordenamiento jurídico estatal, autonómico y comunitario y de la consignación en la Consejería de Empleo» para la Dirección General de Trabajo –primero vía modificaciones presupuestarias, y luego, vía presupuestos– «de una partida presupuestaria objetivamente inadecuada».

Las consecuencias

Las consecuencias de evitar, a través de las modificaciones presupuestarias o a través de los presupuestos que se aprobaban cada año, todo lo relativo a las ayudas sociolaborales permitieron, presuntamente, lo siguiente: eludir el procedimiento legalmente previsto para el otorgamiento de las subvenciones y los controles señalados por la Intervención de la Junta; la existencia de una clara y palmaria discrecionalidad en el uso de fondos públicos; e incluso concesión de subvenciones sin solicitud y sin documentación justificativa.

Los ocho que conocían el fraude

- El director general de Trabajo y Seguridad Social. El cargo lo ostentó Francisco Javier Guerrero.

- El secretario general técnico de empleo. Impulsaba la ejecución de la actividad presupuestaria.

- El director general de presupuestos, que tramitaba los expedientes y los elevaba al Consejo de Gobierno.

- El interventor general, que había de informar preceptivamente sobre las citadas modificaciones.

- Los responsables de la Consejería de Empleo, a favor de la cual se incrementaban los créditos.

- Los responsables de IFA/IDEA, que conocían periódicamente la gestión presupuestaria.

- Los responsables de la Consejería de Hacienda, como órgano de impulso y coordinación de las cuentas.

- El Consejo de Gobierno y el presidente de la Junta, que aprobaban las modificaciones.