Andorra rechaza facilitar a España datos bancarios de la familia Pujol

Apenas tres días tiene la Fiscalía Anticorrupción para concretar y especificar los delitos que, presuntamente, han podido cometer el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y su familia, relacionados con el dinero que tenían oculto en Andorra, y las fechas en que pudieron haber incurrido en los mismos. Éste es el plazo que le ha otorgado la magistrada del Juzgada de Instrucción número 31 de Barcelona, encargada de instruir la causa abierta tras la confesión de Pujol de que había mantenido en cuentas en el extranjero una importante cantidad de dinero –que no concretó– procedente de la «herencia» de su padre.

La rapidez con que la magistrada ha pedido a Anticorrupción esa información detallada viene derivada por el hecho de que la jueza encargada de tramitar la comisión rogatoria cursada por España para recabar los datos relacionados con las cuentas de Pujol y sus familiares en el Principado considera que, en estos momentos, no puede acceder a esa solicitud porque no se cumple el principio de doble incriminación, dado que la documentación de la que dispone es insuficiente «para valorar» ese requisito, que es decisivo para acceder o no a la petición cursada».

De hecho, la Fiscalía de Andorra había informado en sentido negativo a la demanda de ayuda internacional solicitada por el mencionado juzgado de Barcelona, puesto que, afirmaba al respecto, no reunía «las condiciones mínimas para ello, toda vez que no se precisa la condición procesal de las personas afectadas por las medidas objeto de investigación, ni la relación de los hechos que permita valorar la existencia del criterio de doble incriminación».

Estos argumentos han sido aceptados por la magistrada andorrana, quien, además, adelanta en su auto que con la documentación de que dispone actualmente no entregará los datos requeridos para la investigación que se sigue en el juzgado de Barcelona, ya que no se cumplen los «requisitos legales» previstos en la Ley de Cooperación Internacional Penal y de Lucha contra el Blanqueo o Valores producto de la Delincuencia Internacional».

Sin embargo, y «previamente al rechazo de la solicitud de cooperación», de acuerdo con lo que prevé también la citada norma de cooperación internacional, es por lo que solicita a la jueza de Barcelona que «complete la comisión rogatoria».

Para ello, le insta a remitir la documentación relativa a tres aspectos concretos: la condición procesal en que se encuentran Jordi Pujol, su esposa, Marta Ferrusola, y los siete hijos del matrimonio; una relación «suficiente de los hechos delictivos investigados y fechas aproximadas de su comisión», para, de esa forma, valorar la existencia o no de la doble incriminación, y, en tercer lugar, una copia de la decisión de la autoridad judicial que ordene las medidas solicitadas.

La jueza de Andorra esgrime que es necesario de todo punto conocer esos aspectos porque se trata de una petición de datos bancarios, y que ello exige que la resolución judicial que pueda acceder a entregarlos a las autoridades de otro estado ha de ser «adecuada, proporcional y necesaria, pues no deja de ser una injerencia en el derecho a la intimidad de las personas».

En la petición de la magistrada española, ésta exponía que el reconocimiento público de Pujol de haber tenido fondos opacos en el extranjero y de haber presentado las correspondientes declaraciones complementarias en la última regularización extraordinaria tendría por esos hechos en sí mismo unos «efectos estríctamente en materia de fraude tributario». Pero, además, este caso presenta una «inusitada trascendencia», ya que se puede «razonablemente sospechar que el dinero depositado en el extranjero pertenecía al propio» Jordi Pujol «y podría tener su origen, en todo o en parte, no en la herencia alegada, sino en otro tipo de conductas delictivas relacionadas con el cargo» que desempeñó, presidente de la Generalitat.

Una vez que el Ministerio de Justicia recibió la notificación de la decisión de la jueza de Andorra, de forma inmediata se cursó la petición correspondiente a la magistrada de Barcelona que investiga estos hechos, para que, «a la mayor brevedad, puedan continuar con la ejecución de su solicitud». Ahora, la Fiscalía Anticorrupción y la acción popular tienen tres días para facilitar los datos que puedan hacer que la Justicia del Principado entregue la información sobre el dinero que tienen o ha tenido Pujol y su familia en Andorra.

La Justicia andorrana ya adelantó que facilitará al juez Ruz los datos bancarios del hijo mayor de Pujol, pero sólo los podrá utilizar para investigar si proceden de delito fiscal o blanqueo relacionado con la corrupción.