Anticorrupción recurre que se investigue al Parlamento andaluz por los ERE

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto de la juez de los ERE, Mercedes Alaya, en el que pide al Parlamento de Andalucía documentos sobre el conocimiento que su Comisión de Economía pudo tener de las llamadas transferencias de financiación, utilizadas para pagar las ayudas investigadas. En un escrito al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía rechaza el auto que la magistrada hizo a petición del abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a un responsable de la agencia andaluza IDEA imputado en el caso, que alegó que los 17 parlamentarios de la Comisión de Economía tenían "un profundo conocimiento del proyecto de ley de presupuestos"y poseían "un altísimo nivel técnico".

Anticorrupción, que ha presentado su recurso ante la Audiencia Provincial, dice que no entiende "cuáles son esos especiales conocimientos científicos"de los aspectos señalados que han de poseer los parlamentarios, de los que señala que son "ciudadanos a los que no se exige una cualificación especial".

Alaya señalaba, atendiendo la petición de Alférez, que los parlamentarios de la Comisión de Economía disponían además de un personal técnico auxiliar y de un profesional específico del Cuerpo de Letrados de la Junta, especialista en Derecho Presupuestario.

Añadía la juez que cada año el consejero mayor de la Cámara de Cuentas comparecía ante la citada comisión y exponía su rendición de cuentas anual y los 17 parlamentarios "conocieron o debieron conocer el contenido y finalidades del programa presupuestario 31L de la Consejería de Empleo".

Anticorrupción recurre la decisión de la jueza Alaya de remitir el escrito de este abogado a los peritos de la Intervención General del Estado que están analizando las ayudas para que informen sobre "qué pudo conocer la Comisión de Economía sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General".

El escrito de la Fiscalía señala que la Intervención General del Estado no tiene "ni competencias ni funciones sobre la labor encomendadas a las Cámaras legislativas, ni estatal ni autonómicas, cuando dicha materia fuera del ámbito de competencias y funciones definidos"en el artículo 11 del decreto que rige sus competencias.

La Fiscalía plantea que si cualquiera de las defensas de los imputados en el caso considerara que hay actuaciones indiciariamente delictivas en algún diputado que pudiera conocer el uso de las transferencias de financiación como mecanismo que facilitara el menoscabo de fondos públicos, deberían aportar la denuncia de forma "precisa y atendiendo al hecho objeto de la imputación".

Además, la Fiscalía recuerda que el Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge que los diputados gozarán de "inviolabilidad"por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios incluso después de haber cesado en su mandato por las opiniones manifestadas en los actos parlamentarios.

Este argumento le sirve para señalar que resultaría "inoperante"cualquier investigación al respecto.

El auto de Alaya señalaba que cada tres meses, la comisión parlamentaria "recibía o debía recibir los expedientes físicos de las modificaciones presupuestarias"y, según la documentación remitida por la Junta, el portavoz de cada grupo parlamentario firmaba "de su puño y letra"la recepción de nueve copias en el Grupo Socialista, siete en el del PP y uno en IU, correspondientes a sus miembros en la citada Comisión.