Archiveros alertan de que están «en cuadro» y no podrán atender a los ciudadanos que usen la Ley de Transparencia

La presidenta de la Asociación de Archiveros de la Función Pública, Rosana de Andrés, ha alertado este miércoles en el Congreso de que con los medios actuales será imposible atender las demandas de información que cursen los ciudadanos en aplicación de la futura Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno. "Estamos en cuadro", ha resumido, durante su intervención ante la Comisión Constitucional.

De Andrés, uno de los cuatro expertos que ha comparecido este miércoles ante la comisión encargada de tramitar la citada norma, considera que esta ley "nace desbordada"y que es "preciso adoptar una serie de medidas para que sea aplicable". Entre otras cosas, ha explicado que los archiveros no tienen "logística para soportar un silencio positivo"(obligación de publicar de inmediato lo que no se ha respondido) y ha defendido, por realismo, el silencio negativo, que abre la puerta a recurrir pasado un tiempo de no respuesta.

También ha hecho hincapié en que el factor humano es insustituible por la tecnología para garantizar entre otras cosas la cadena de custodia ininterrumpida de los documentos públicos, imprescindible para su fiabilidad. Por eso, ha denunciado que la reciente externalización de determinados servicios en los archivos públicos, además de aumentar los gastos, ha "roto la cadena de custodia pública".

Además, ha reclamado rango orgánico para la Ley de Transparencia y ha criticado la actual "dispersión normativa"en materia archivística

y ha reclamado una ley de ámbito nacional que vele por la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la información pública y acabe con el "desorden"que impera en muchos archivos, con documentos en "cuartos de baño"o colocados por "azar".

Por último, ha abogado por regular el acceso a cualquier tipo de información obrante en cualquier tipo de archivo, incluidos los históricos, porque no se puede hacer depender el alcance del derecho de los ciudadanos del archivo en el que esté la información que demandan.

INCLUIR A LA CASA DEL REY

Desde la Coalición Fundación pro Acceso, Elisa de la Nuez, ha defendido que la ley afecte a todas las instituciones públicas, incluida la Casa del Rey y también a las que reciban fondos públicos, aunque no se exija a todas el mismo nivel de transparencia. En cualquier caso, ha alertado de que la norma no será la panacea puesto que en España más que cultura de la transparencia lo que existe es una "cultura de la opacidad"por parte de los poderes públicos.

A su juicio, debería aplicarse el silencio positivo puesto que, al fijar un plazo concreto para emitir una contestación a la demanda de información de los ciudadanos, se da el mensaje a los funcionarios de la importancia de la aplicación de esta ley.

De la Nuez ha defendido que el organismo encargado de velar por la protección del derecho de acceso a la información sea independiente y cuente con el poder suficiente para implementar de forma rápida y consistente el derecho de acceso a la información en todo el territorio. A su juicio, sería recomendable sumar el mismo organismo las competencias de protección de datos y las correspondientes a la transparencia y acceso a la información pública.

REGULAR LOS 'LOBBIES'

En nombre del Foro por la Transparencia, que agrupa a varias empresas, su portavoz, Joan Navarro, ha apostado por aprovechar la Ley de Transparencia para regular las relaciones entre los grupos de interés ('lobbies') y el Ejecutivo, además del Legislativo.

El modelo debe ser, según su organización, el vigente en la legislación comunitaria que, ha recordado, incluso reconoce a las confesiones religiosas como 'lobbies' cuando intentan influir en determinadas legislaciones. En este sentido, ha pedido medidas "audaces"para luchar contra la transparencia porque "a más transparencia, menos corrupción y más confianza en la política".

INFORMACION MEDIOAMBIENTAL

El representante de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA), Antonio Ruiz Salgado, ha reclamando que el ámbito de aplicación subjetivo se amplíe "a todos los poderes públicos y personas físicas o jurídicas que ejercen funciones públicas o actúan financiadas con fondos públicos".

Respecto a las limitaciones al acceso a la información en aras de la protección de datos personales y la propiedad intelectual e industrial, ha abogado por garantizar el acceso a esos documentos escondiendo los datos 'sensibles' "con una sencilla operación de ocultación".

También ha remarcado que la jurisprudencia establece que, el ámbito medioambiental, se puede acceder a informes finalizados "aún cuando no haya terminado el procedimiento administrativo", lo que debe recogerse en la nueva ley. Además, ha apostado por ampliar la tabla de infracciones, tipificando como tal la desestimación infundada de una petición de acceso o la no respuesta a una solicitud en el plazo legal.