Caso 3%: La Guardia Civil busca la agenda de Gordó en el Palau

Los agentes se personaron ayer en la Generalitat y en el Parlament en busca de pruebas del papel que jugó el ex conseller en la financiación ilegal de Convèrgencia.

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción reclamaron ayer en el Palau de la Generalitat, el Parlament, la conselleria de Justicia y la sede del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) las agendas y registros de visitas del ex alto cargo de la extinta Convergència Germá Gordó, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga como un engranaje clave de la «trama del 3%», que supuestamente nutrió durante años las arcas de esta formación a cambio de adjudicaciones públicas. Este requerimiento de información por parte del magistrado del TSJC Carlos Ramos se produce sólo cuatro días antes de que, el próximo lunes, el que fuera hombre de confianza de Artur Mas declare como investigado ante el instructor de la causa, que le imputa los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros, como el presunto «contacto» entre los empresarios adjudicatarios de obra pública y CDC.

Aunque en la consejería catalana de Justicia, que Gordó dirigió entre 2012 y 2016, afirmaron no conservar ningún registro de visitas de esa etapa ni agenda alguna del ex conseller, los agentes, que estuvieron acompañados por uno de los fiscales Anticorrupción del caso, José Grinda, sí se llevaron un listado de los actos públicos y de protocolo que se celebraron durante ese periodo. En la sede del Parlament, la Guardia Civil procedió al volcado de los correos electrónicos de su cuenta personal (Gordó abandonó el PDeCAT el pasado junio y pasó a integrarse en la Cámara autonómica como diputado no adscrito, lo que le permite mantener su aforamiento como diputado). Al no disponer los diputados de ordenadores de sobremesa, sino únicamente de portátiles, los agentes ni siquiera entraron en el despacho del ex conseller, según indicaron fuentes de la investigación.

Menos facilidades se encontraron en el palau de la Generalitat, donde el conseller de Presidencia, Jordi Turull, puso objeciones a la comitiva judicial, impidiéndole el paso en un principio.

Negativa previa

El juez Josep Bosch, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) ya se topó con la negativa de la Secretaría de Gobierno de la Generalitat, a quien reclamó sin éxito la agenda de Gordó mientras ejerció el cargo de secretario de Govern entre 2010 y 2012. Esa agenda no estaba en su archivo y tampoco era posible, argumentaron los responsables del departamento, recuperarla en formato digital. El buzón del servidor, donde podrían haberse almacenado, se había eliminado al trasladarse los datos.

La Fiscalía Anticorrupción llegó a Gordó a través del ex tesorero de CDC Andreu Viloca, también imputado en el «caso del 3%» y que igualmente declarará en el TSJ de Cataluña el próximo lunes. Así consta en el escrito en el que los fiscales Grinda y Fernando Bermejo solicitaron al juez Bosch, el pasado noviembre, que trasladase los hechos al Tribunal Superior catalán (al estar aforado Gordó). Viloca era, según la Fiscalía, quien llevaba un «control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obras pública y de concursos ofrecidos por distintas administraciones bajo la esfera de poder de CDC».

El tesorero de Convergència controlaba, en definitiva, los «pagos encubiertos» que percibía la formación soberanista, «verdaderos cohechos bajo la apariencia de donaciones», a través de sus fundaciones Forum Barcelona y CatDem.

A partir de ese momento, uno de los ejes de la investigación para los fiscales del caso fue esclarecer la «cobertura» que tenía Viloca en CDC para llevar a cabo esa supuesta actuación delictiva, «quién o quiénes del partido conocían y consentían, incluso ideaban, el sistema de adjudicaciones de obra pública» condicionadas por las donaciones a las fundaciones afines a Convergència, que finalmente engordaban las arcas del partido.

Las agendas intervenidas a algunos de los investigados (fundamentalmente las dos incautadas al empresario Xavier Tauler, de Copisa) pusieron en la pista a Anticorrupción sobre el papel que habría desarrollado Gordó en la supuesta trama de financiación irregular de CDC. Las anotaciones del empresario dejaban constancia de cinco reuniones (que el TSJC pretendía ayer corroborar con las agendas del propio Gordó). Unos encuentros en los que, según Anticorrupción, el ex conseller fue «más allá del delito de tráfico de influencias», actuando «decisivamente para la adjudicación de contratos con la Administración pública».

Otros empresarios detenidos señalaron a Gordó como la persona a la que identificaban en clave con los nombres de «Gerardo» o «Gregorio» en sus conversaciones intervenidas por orden judicial.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ve indicios de que el ex hombre fuerte de Artur Mas consiguió, por ejemplo, que Constructora Pirenaica (Copisa) donara 100.000 euros en 2012 a las dos fundaciones citadas a cambio de dos adjudicaciones por valor de 4,7 millones de euros (una del Consorci de Educación de Barcelona y otra por el mantenimiento de varios colegios públicos).

Asimismo, Anticorrupción sostiene que Gordó intervino en favor de la adjudicación de dos contratos, de casi 40 millones de euros, de la Autoridad Portuaria de Barcelona a una unión temporal de empresas (UTE) integrada por Copisa, ACSA, Comsa y Benito Arnó.

Para la Fiscalía Gordó ha sido durante años, en definitiva, «el contacto (al menos uno de ellos) de los contratistas con la Administración Pública catalana y el partido político CDC».