Caso ERE: el juicio de los «no recuerdo»

¿De qué hablamos?: del reparto supuestamente fraudulento, entre 2000 y 2011, de 855 millones de euros en ayudas para el empleo por parte de la Junta de Andalucía

Francisco Javier Guerrero fue durante años dueño y señor indubitativo del reino de la partida presupuestaria 31L, etiquetada como «fondo de reptiles», que nutrió buena parte de las ayudas de los ERE presuntamente fraudulentos con la anuencia de sus superiores en la Junta de Andalucía, que no le pusieron traba alguna. Ésta es una de las conclusiones a las que han conducido las treinta sesiones celebradas ya del primer juicio derivado de esa «macrocausa» que arrancó el pasado diciembre¿De qué hablamos?

El reparto supuestamente fraudulento, entre 2000 y 2011, de 855 millones de euros en ayudas para el empleo por parte de la Junta de Andalucía sienta en el banquillo a 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz. Entre ellos, los ex presidentes socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chaves, la ex ministra de Zapatero Magdalena Álvárez y otros cinco antiguos consejeros del Ejecutivo autonómico. La vista comenzó el pasado diciembre y se reanudó en enero y ya se han celebrado una treintena de sesiones.

y que ha sentado en el banquillo a 22 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes del Gobierno autonómico Manuel Chaves y José Antonio Griñán. De esta forma, el ex director general de Trabajo ha vuelto al centro del foco, donde estuvo al arranque de una instrucción que le ha llevado ya dos veces a la cárcel. Se ha dado un rodeo para volver al mismo punto, a la reducción del caso a la teoría de que hubo «tres o cuatro golfos» y un cabecilla. No ha habido «club» de los ERE al que se accediera con contraseña, como ironizó el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez ante el tribunal, y no se ideó un sistema que se tradujera en la práctica en una patente de corso para defraudar.

Guerrero manejaba «con absoluta libertad y discrecionalidad», en palabras de su ex jefe, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, encausado también y cuya declaración continuará el próximo lunes, un fondo dotado con 855 millones, engrasado en esencia por la mencionada partida, pero no de forma única. Fernández «nunca» le dio una orden para que concediera una ayuda ni le dio indicaciones sobre las cuantías a distribuir, que decidía su subordinado «sobre la marcha»; ni le dijo cómo tenía que hacer su labor. El ex titular de Empleo ha sido el más explícito en sacudirse responsabilidad apuntando hacia él, hasta el punto de sustituir la expresión «fondo de reptiles» por la de «el programa de Guerrero», pero antes, otros se esmeraron en dejar claro que «nunca» habían despachado con él y en marcar distancia con la Consejería de Empleo en general y con la Dirección General de Trabajo en particular. El aludido, Guerrero, asiste erguido y sin gesticular demasiado –como ha marcado el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle– a la sucesión de intervenciones de sus compañeros de banquillo. Según ha podido saber LA RAZÓN, el ex director general está «harto» de que la historia se repita y de que los «balones fuera» que intentan tirar los demás recaigan sobre él. ¿Nadie supervisaba sus movimientos en la Junta, todos miraban para otro lado? Esa lectura parece tener agujeros y en todo caso no librará de «la responsabilidad, al menos “in vigilando”», a sus ex jefes, como apuntan a este periódico fuentes del caso. «¿Si no sabían de nada, a qué se dedicaban los viceconsejeros y consejeros, sólo a ponerse en la foto cuando se resolvía el conflicto sociolaboral que fuera?», lanzan.

A la espera de lo que digan Griñán y Chaves cuando tomen la palabra, el «no lo recuerdo» es otra de las constantes de la vista oral. Los investigados que ya han respondido a las preguntas formuladas por la Fiscalía y por sus defensas, y en ocasiones a alguna cuestión planteada por Calle, han repetido un argumento: conocen a raíz de la causa judicial en la que se han visto implicados mucho más de lo que supieron cuando ocupaban sus respectivos puestos. Algunos no han dudado incluso en esgrimir sus estudios de filosofía o magisterio, por ejemplo, para justificar su ignorancia, pese a que los mismos les sirvieron para ser nombrados altos cargos. Uno a uno, los investigados se han ido desvinculando del fango de los ERE y han repetido su desconocimiento sobre los informes de la Intervención de la Junta y sus reparos al convenio marco firmado en julio de 2001 entre Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que soportó el reparto de las subvenciones y que, a la luz de lo expuesto en el juicio, fue armado de espaldas a los abogados de la Junta.

Nadie recibió tampoco ninguna alerta de irregularidad que hiciera prender alarmas. Por el contrario, lo que sí han defendido es que había «regulación» de las ayudas ligadas al juicio y un marco legal que, dependiendo del declarante, lo conformaban unas normas u otras. Aún quedan sesiones por delante para sacar conclusiones antes de entrar en la batalla puramente técnica de los ERE que enfrentará a los 158 testigos y peritos propuestos por las partes personadas en la causa. La expectación mediática escalará grados cuando les toque el turno a Chaves y Griñán.