Castilla-La Mancha reducirá de 49 a 33 sus diputados

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado, con el voto a favor del PP y el rechazo de los socialistas, la reforma de la ley electoral de Castilla-La Mancha, que supone reducir de 49 a 33 el número de diputados en las Cortes autonómicas para la próxima legislatura.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado hoy, con el voto a favor del PP y el rechazo de los socialistas, la reforma de la ley electoral de Castilla-La Mancha, que supone reducir de 49 a 33 el número de diputados en las Cortes autonómicas para la próxima legislatura.

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha defendido, en el pleno de las Cortes esta norma que ha calificado de justa, plural, objetiva, representativa, equilibrada y adecuada para los tiempos de crisis.

Para Cospedal, la reducción de parlamentarios es un "paso histórico", que permite a los políticos "tener un comportamiento ejemplar para los ciudadanos" y, además, es una medida que acerca la política a la ciudadanía.

Ésta es la segunda ley electoral que se aprueba en Castilla-La Mancha en lo que va de legislatura, ya que en mayo de 2012 se aprobó una norma que suponía elevar el número de parlamentarios autonómicos de los 49 actuales a 53.

La ley aprobada hoy cifra en 33 los parlamentarios castellanomanchegos, que se reparten con un mínimo de tres para cada una de las cinco provincias y los 18 restantes, en función de la población.

La reforma de la ley electoral para reducir el número de parlamentarios autonómicos llega tras la modificación del estatuto de Castilla-La Mancha, que situó en una horquilla de 25 a 35 el número de diputados autonómicos, frente al anterior intervalo que recogía de 47 a 59 parlamentarios.

Precisamente, el PSOE ha presentado hoy ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la modificación del Estatuto de Autonomía, que los socialistas consideran que no garantiza la representatividad de los ciudadanos.

Esta negativa a la norma ha llevado a los socialistas a rechazar cualquier participación en el proceso, por lo que no han presentado enmiendas, ni parciales ni a la totalidad.

El portavoz del PSOE en las Cortes regionales, José Luis Martínez Guijarro, ha sostenido hoy que su rechazo a participar es "también un posicionamiento político"y no "una falta de respeto"como les ha acusado el PP.

"No hemos querido ser cómplices de este despropósito, que puede terminar en un pucherazo electoral", ha asegurado Martínez Guijarro, quien ha detallado que su grupo no está de acuerdo con esta ley "ni en el fondo ni en la forma"y que supone "un auténtico golpe de Estado a la democracia".

Para Martínez Guijarro, la fijación de 33 en el número de diputados no se ha debido a criterios objetivos basados en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, sino que ha acusado al PP de "hacer cálculos y después intentar revestir el resultado con visos de legalidad".

Tras reiterar sus dudas acerca de los "automatismos"que han hecho al PP regional fijar en 33 los diputados regionales, Martínez Guijarro ha opinado que con la medida, "se quiere cercenar el pluralismo político y se vulneran los sistemas de proporcionalidad".

Por todo ello, el socialista ha recordado que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad también a esta reforma de la ley electoral, que será el tercero en esta legislatura.

En cambio, el portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares, ha pedido al PSOE que se sume a esta iniciativa, porque "votar en contra es situarse de espaldas a los ciudadanos", que tras realizar esfuerzos debido a la crisis, piden gestos ejemplares de sus representantes.

Cañizares ha argumentado que la modificación de la ley electoral "no tiene ningún reparo de legalidad", ya que se basa en la Loreg y a partir de ella, fija un mínimo de tres diputados por provincia.

De este modo, ha explicado que la propuesta del PP utiliza dos criterios para el reparto de diputados, el territorio, ya que se fijan tres parlamentarios por provincia, y la población.

Cañizares ha lamentado que el grupo socialista no haya presentado ninguna enmienda, una actitud con la que, a su parecer, falta al respeto a la cámara y a los ciudadanos, pues ha considerado que la obligación de los diputados es "participar, debatir y votar".