Castro cerrará esta semana la investigación del «caso Nóos»

No esperará a que la Audiencia Provincial de Palma se pronuncie sobre la posibilidad de imputar a Iñaki Urdangarín por un delito de autoblanqueo ni a que dilucide si la Infanta Cristina debe someterse, como reclama Manos Limpias, a una prueba caligráfica para comprobar la autenticidad de las firmas de las actas de Aizoon. Tampoco a la respuesta de Hacienda sobre las alegaciones del duque de Palma a las imputaciones de dos delitos fiscales en 2007 y 2008. El juez José Castro está decidido a cerrar la investigación del «caso Nóos» esta misma semana, tras cuatro años de instrucción y una larga lista de imputados que supera la cuarentena. El magistrado dictará en los próximos días el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado (el cauce legal establecido cuando los delitos que se investigan no están penados, individualmente, con más de nueve años de prisión), una resolución en la que Castro detallará los hechos que considera delictivos e identificará a los supuestos responsables. Este paso es equiparable al auto de procesamiento cuando la instrucción se realiza en el marco de un sumario. La principal incógnita reside en conocer si el juez mantendrá como imputada a la Infanta Cristina en contra del criterio de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Agencia Tributaria. En ese caso, según las fuentes consultadas, el magistrado podría considerarla cooperadora necesaria en los delitos fiscales que imputa a Urdangarín por tributar a través de Aizoon, la empresa que comparte con su esposa, sus retribuciones personales como consejero de diversas empresas. Facturar esos ingresos a través del Impuesto de Sociedades, y no del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es –según Hacienda– «un ardid» que sólo tenía el objetivo «de evitar la tributación progresiva del IRPF».

Si Castro no desimputa finalmente a Doña Cristina, más improbable parece que le siga achacando la supuesta comisión de un delito de blanqueo, cuando el propio juez ha descartado imputar ese delito a Urdangarín, aunque la Audiencia de Palma tiene que pronunciarse sobre esta posibilidad tras el recurso interpuesto por Manos Limpias. Una resolución que, como se ha apuntado, no demorará el punto final a la instrucción del «caso Nóos». «Esos recursos no tienen efectos suspensivos y no obligan al instructor a esperar a que se conozca la decisión de la Sala antes de dictar su auto», subrayan fuentes jurídicas.

Fuentes próximas al juez Castro aseguran que éste se muestra «hermético» respecto al contenido de su resolución, sin dar pistas sobre si la Infanta seguirá o no imputada. «Tantas quinielas en los medios de comunicación y al final puede haber sorpresas», apuntan fuentes jurídicas.

Lo que sí podría tener en sus manos antes de dictar su resolución –que Castro ya tiene redactada y que supera el centenar de folios– es la respuesta de Hacienda a las dudas de la defensa de Urdangarín sobre los dos delitos fiscales que la Agencia Tributaria le imputa, dado que el juez le solicitó el pasado jueves una contestación «con la mayor urgencia». El duque de Palma sostiene que si se restan a las cantidades supuestamente defraudadas los montantes que las empresas a las que asesoraba debieron retenerle en ningún caso se superaría el umbral de los 120.000 euros que delimita la existencia de delito fiscal. No obstante, en el último informe remitido al juez Castro (sobre el que ahora la defensa del duque de Palma ha pedido aclaraciones), Hacienda ya hacía hincapié en que los contribuyente obligados a practicar la retención «no pueden deducirse aquello que no fue retenido ni ingresado en el Tesoro Público, como consecuencia de su propia conducta defraudatoria».

¿Y después?

En el mismo auto de transformación en procedimiento abreviado, el juez Castro dará un plazo a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten sus escritos de acusación o bien soliciten el sobreseimiento o, en su caso, la práctica de diligencias pendientes que consideren urgentes. Según las fuentes consultadas, el magistrado dará un plazo de 15 a 20 días (aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal estipula diez) para cumplir con este trámite procesal dada la complejidad de la causa.

La Audiencia de Palma tendrá que resolver los previsibles recursos de apelación que las partes presenten contra el auto del juez Castro (si finalmente la Infanta fuese imputada, la Fiscalía recurrirá esa decisión), que según fuentes jurídicas no se hará antes del próximo septiembre. Castro dictará el auto de apertura del juicio oral, que determinará qué imputados se sientan en el banquillo y por qué delitos, elevándose el procedimiento a la Audiencia de Palma de Mallorca para el señalamiento de la fecha de comienzo del juicio, que al tratarse de una causa sin preso se podría celebrar, como fecha más temprana, en la primavera de 2015.