Castro cree que Barberá y Camps se «doblegaron» a las «exigencias» de Urdangarín

El juezJosé Castro, instructor del «caso Nóos», considera que el ex presidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tuvieron unaintervención «decisiva» en la adjudicación «a dedo» al Instituto Nóos de la organización de los ValenciaSummit de 2004, 2005 y 2006, y en el frustrado proyecto de los JuegosEuropeos, por los que la asociación sin ánimo de lucro de Iñaki Urdangarín y su entonces socio Diego Torres percibió 3,5 millones de euros.A lo largo de 70 folios remitidos al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia –el órgano competente para investigarlos por su condición de aforados– el magistrado desgrana los indicios por los que, en su opinión, ambos podrían haber incurrido en los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial. Y es que, para Castro, Camps y Barberá se «doblegaron» a las «exigencias» del duque de Palma («que por muy cortesmente que se plantearan, no dejaban de serlo», apostilla) en atención a su parentesco con el Rey, «asintiendo» a sus peticiones «sin estudios previos» y«orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas».Se trataba, insiste, en «dar un ropaje jurídico a un encargo que ya estaba adjudicado» de antemano.

Castro da por buena la versión de Torres de que la primera edición del Valencia Summit, una cumbre internacional sobre ciudades y deporte, se gestó en una reunión en Zarzuela –desmentida tanto por Urdangarín como por Camps yBarberá– en enero de 2004, un escenario no elegido al azar según el juez, sino para conseguir«mayor impacto psicológico hacia las autoridades valencianas».El instructor sitúa esa cita, en la que quedó«definitivamente decidido» que la organización de los eventos se adjudicaría a Nóos, el 29 de enero de ese año, aunque descarta que pueda obtener una certificación,en un sentido o en otro, «de la entrada en Palacio de los invitados».

Ese primer convenio, al que siguieron otros dos, se llevó a cabo, denuncia el juez, sin «ningún procedimiento administrativo de contratación» y el coste fue fijado «unilateralmente» por Nóos.El acuerdo se firmó entre el Instituto Nóos, la Ciudad de lasArtes y las Ciencias (Cacsa), dependiente de la Generalitat, y la Fundación Turismo ValenciaConvention Bureau, «participada mayoritariamente» por el Ayuntamiento de Valencia, según Castro, aunque Barberá aseguró ayer que el Consistorio únicamente posee el 38% de la sociedad.

Respecto al proyecto de organizar en Valencia unos Juegos Europeos, que finalmente no se llegaron a celebrar y por el que Nóos percibió 382.000 euros (aunque la Generalitat rechazó el pago de diversas facturas que sumaban casi dos millones de euros), el magistrado sostiene que en la génesis del convenio «se prescindió de manera descarada de los principios de concurrencia y publicidad para ser sustituidos por los del amiguismo». La adjudicación de la propuesta, aprobada por la Generalitat el 23 de diciembre de 2005,«estaba cantada», subraya. Para Castro, «sin el beneplácito» de Camps«no se comprende ese sometimiento de la Generalitat a las exigencias de Urdangarín».