Celaá no podrá presumir de los «viernes sociales»

La Junta Electoral vetará la difusión de cualquier documento de balance de la legislatura o valoraciones que destaquen «logros» de Sánchez frente a ejecutivos anteriores.

El pasado lunes, la Junta Electoral Central (JEC) dio vía libre a los «viernes sociales» del Gobierno de Pedro Sánchez. Desestimó de plano la exigencia planteada por el Partido Popular y por Ciudadanos de poner coto a las ruedas de prensa posteriores a las reuniones del Consejo de Ministros que tengan lugar hasta el próximo 28-A. Las formaciones de Pablo Casado y de Albert Rivera argumentaron sus reclamaciones en el riesgo de que el Ejecutivo socialista pueda utilizar estas comparecencias ante los medios como un escenario electoralista desde el que hacer campaña a cuenta de los decretos –muchos de ellos con marcado carácter social– que Moncloa tiene previsto despachar hasta las elecciones generales.

En la reunión del lunes no hubo mucho debate en torno a las peticiones formuladas desde PP y Cs porque, aclaran fuentes de este órgano, es imposible que su actuación se produzca de manera preventiva. Así lo señalaron en la resolución del expediente que dio respuesta a la reclamación de los populares, al poner el acento en que no es factible tomar medidas en lo que afecta a «futuras ruedas de prensa, sobre las que por su carácter meramente hipotético no resulta posible que la Junta pueda adoptar ninguna decisión».

Sin capacidad para actuar de manera preventiva, desde la Junta Electoral, sin embargo, reconocen que el Gobierno socialista deberá ajustarse al corsé de la Ley de Régimen Electoral en las próximas semanas y de una forma especialmente cuidadosa en las circunstancias actuales, dada la previsión ya anunciada desde Moncloa de seguir aprobando semanalmente nuevos reales decretos. En concreto, las fuentes de la JEC consultadas por este diario destacan varios supuestos en los que el equipo de Sánchez podría ser apercibido –siempre en respuesta a una reclamación registrada por un tercero ante este órgano– en el caso de que, finalmente, terminase dando la razón al PP y confiriendo a las ruedas de prensa de los viernes o a cualquier otro medio institucional un cierto aire electoralista. Entre los elementos que podrían llevar a un apercibimiento se encuentra la posibilidad de que los miembros del Gobierno utilizaran algún medio público, como una rueda de prensa o una web institucional, para referirse a los decretos ya aprobados anteriormente –es decir, en consejos de Ministros previos al de la rueda de prensa en cuestión–, incluso cuando éstos se encuentren pendientes de convalidación por parte de la Diputación Permanente. Existiría en este caso que determinar si las afirmaciones en torno a las medidas contenidas en los decretos, según aclaran desde el órgano de arbitraje, pudieran ser consideradas como valoraciones o expresiones de los logros conseguidos por el Ejecutivo.

En este contexto, y teniendo en cuenta la doctrina de la Junta Electoral y los acuerdos aprobados por este órgano en el pasado, deberá ser especialmente cuidadosa la portavoz, Isabel Celaá, y aquellos ministros que la acompañen, desde hoy mismo, en las ruedas de prensa posteriores a las reuniones del Gobierno como parte de los rebautizados como «los viernes sociales» por Moncloa. Del mismo modo, también el Ejecutivo de Sánchez estaría superando los límites de la legislación electoral si realizara ruedas de prensa, con medios públicos, en las que pusiera de relieve los logros de su Gobierno frente a lo realizado por ejecutivos anteriores; si difundiese, utilizando esos mismos medios públicos –incluidas aquí las páginas web de los departamentos ministeriales– informaciones que pudieran implicar una campaña de logros o realizaciones; así como la difusión de documentos de balance de la legislatura. En todos estos supuestos, desde la JEC subrayan la importancia de que estas acciones no puedan ser realizadas con o desde medios públicos. En la práctica, esto implica que los ministros y el presidente no podrán hacer o realizar afirmaciones o valoraciones sobre los logros obtenidos durante estos nueve meses de mandato, por ejemplo, desde la sala de prensa de La Moncloa o desde la web institucional del Gobierno, pero, en cambio, sí podrán hacerlo desde la sede o la web del PSOE o desde un mitin de precampaña.

En diciembre 2015, pocos días antes de la celebración de las elecciones generales, el PSOE presentó una denuncia ante la Junta Electoral contra el Ministerio de la Presidencia por las «acciones de venta de logros y gestión» que desde este departamento se llevaron a cabo en la web, los medios de comunicación institucionales y las redes sociales gestionadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. La JEC terminó resolviendo la cuestión a favor del PSOE y obligó al Gobierno del PP a eliminar de forma inmediata de esos medios todos «aquellos aspectos valorativos que ensalzaban y destacaban los logros del Gobierno» y que fueron más allá «de la relación de datos objetivos y hechos ciertos producidos durante la legislatura». En junio de 2016, la Junta Electoral, en este caso la delegación provincial, anulase varios actos del Gobierno municipal de Manuela Carmena en la capital por considerarlos contrarios a la normativa en tiempo de campaña. Se dio la circunstancia de que Carmena no era candidata en esos comicios –que eran generales–, pero el órgano de arbitraje electoral ordenó que el consistorio suspendiese su campaña de publicidad en torno a la que decisión que Carmena había adoptado días antes para bajar el IBI a algunos distritos de la ciudad. Del mismo modo anulo otros actos de presentación de un acuerdo urbanístico y de un plan para la rehabilitación de viviendas. En un escenario similar al que rodea al gabinete de Sánchez en estas semanas, el Gobierno de la ciudad de Melilla o el Ejecutivo autonómico de La Rioja también fueron apercibidos en recientes comicios al considerar la JEC que estaban utilizando ruedas de prensa con fines electoralistas.