Chaves y Griñán «conocieron» irregularidades de los ERE

El interventor general de la Junta que alertó de las irregularidades de los ERE, Manuel Gómez, se encontró a las puertas del juzgado con una concentración de ciudadanos que lo recibieron al grito de «valiente». Alaya evitó las alabanzas cambiando el acceso habitual. Gómez llegó tranquilo junto a su abogado y no escondió alguna sonrisa, pero pasar como imputado por el arco de seguridad de los juzgados, era una pesadilla que venía persiguiéndole desde hace meses.

El largo interrogatorio fue un técnico «tour de force» entre la magistrada y el máximo responsable de la Intervención General durante 2000 y 2010, prácticamente una década bajo investigación judicial. El abogado de una de las partes personadas destacó a LA RAZÓN la «gran preparación» con la que Gómez llegó a declarar. Aunque en algunos momentos la jueza consiguió hacerlo dudar y ponerlo en un brete.

Gómez, tal y como ya informó este periódico, acudía con la intención de ratificarse en todo lo dicho hasta el momento: ante la Guardia Civil, en la comisión de los ERE y en los escritos que remitió al Parlamento. Así fue. Ratificó la encendida carta remitida a la Cámara autonómica el 23 de noviembre del año pasado. En la misiva señalaba que «ninguno de los destinatarios de las auditorías –entre ellos Griñán, consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009– hizo absolutamente nada durante casi diez años para corregir las irregularidades, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas». También acusó al presidente andaluz de cebar sin decanso aquellos años «la corrupta partida de los ERE» a través de modificaciones presupuestarias que el el propio Griñán elevó al Consejo de Gobierno.

Tal y como se preveía, Griñán, en retirada de San Telmo –en parte, por su implicación en los ERE– sale muy tocado de la declaración del ex interventor y no sólo por lo que dijo éste, sino también por lo que dijo Alaya. En una de las preguntas la magistrada señaló que «ya sabíamos que el consejero de Hacienda –refiriéndose a Griñán conocía los informes que usted emitía». Alaya ha ido estrechando el cerco en torno al jefe del Ejecutivo autonómico, pero nunca había señalado de forma tan clara la implicación de Griñán. En esos informes remitidos por la Intervención –quince alertas le llegaron al entonces titular de Hacienda– se ponían de manifiesto deficiencias tan graves como que la Junta estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido» o que la fórmula elegida para el pago –la transferencia de financiación– estaba generando graves desfases presupuestarios. En el informe especial de 2003, notificado en 2005, este desfase presupuestario se elevaba ya a 38 millones de euros. El principal argumento de la defensa de Griñán ha sido que estos informes no le llegaron con acuse de recibo y que su entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo –ahora consejera de Hacienda– no se los trasladó. También ha esgrimido que la Consejería competente para actuar era la de Empleo y no la suya. «No se puede forzar la puerta de un coche para ver si le funciona el líquido de frenos», dijo Griñán.

Los desfases llegaron a los 95 millones de euros. Y para subsanar este enorme desmán contable, que podía incluso afectar al déficit, Griñán elevó numerosas modificaciones presupuestarias (más de 120 millones en diez años). En este caos que se estaba produciendo en la administración hay que enmarcar las palabras de ayer del ex interventor general cuando dijo que el titular de Hacienda debió tener conocimiento de las irregularidades porque eran muy «llamativas». Los elevados desfases eran del «notorio conocimiento» del Consejo de Gobierno, incluido Chaves. «Es impensable», añadió, que Griñán –no lo citó, siempre se refirió al consejero de Hacienda– no supiera lo que estaba ocurriendo.

Gómez quiso dejar claro que quien no se ajusta a la verdad es Griñán. Su abogado le relató más de diez frases pronunciadas por el presidente andaluz que el interventor, como un mantra, corrigió alegando que no eran verdad.

Apuntó, asimismo, que existe un acuerdo del Consejo de Gobierno de 2003 en el que se ordena a la Intervención analizar las transferncias de financiación.

El abogado del viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, se quejó en los pasillos del juzgado del interrogatorio «inquisitorial» y «preconstitucional» de la magistrada.