Chaves y Griñán podrían personarse ante el Supremo la semana que viene

La primera en personarse ante el Tribunal Supremo ha sido la aforada y senadora socialista Mar Moreno. Los otros cuatro aforados, incluidos los expresidenes Manuel Chaves y José Antonio Griñán tienen previsto hacerlo la próxima semana.

La senadora socialista Mar Moreno se ha personado ante el Tribunal Supremo en la causa que la investiga a ella y otros cuatro parlamentarios aforados en relación al sumario de los ERE fraudulentos en Andalucía. Los otros cuatro parlamentarios se personarán a partir de la semana que viene.

Fuentes jurídicas han informado hoy de que Moreno pidió personarse como parte en la causa tras la exposición razonada que envió al Supremo la jueza de Sevilla Mercedes Alaya el pasado agosto.

No obstante, el alto tribunal dejó en suspenso la solicitud de la senadora hasta saber si era competente o no, dado que en aquel momento no había abierto una causa.

Así, su personación en la causa se produce inmediatamente después de que el Supremo se declarase competente para investigarle a ella, a los expresidentes de la Junta andaluza Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a los diputados Antonio Viera y Gaspar Zarrías.

Además, las fuentes han señalado que se van a enviar los autos que dictó ayer el Supremo al Senado y el Congreso, tal y como marca la ley por su condición de aforados.

No obstante, si finalmente los cuatro parlamentarios se personan ante el Supremo la semana que viene, podrían llevarse el auto en ese mismo momento.

En el auto de este jueves, los magistrados hacen constar que en este momento procesal le corresponde exclusivamente a la Sala verificar si, en la exposición motivada que le ha sido enviada, se consignan hechos que, según una valoración muy provisional, pudieran ser delictivos y si existen indicios consistentes o principios de prueba de la participación en ellos de las personas aforadas.

Añade que, según la exposición razonada de la juez, hay indicios de que en el ámbito de la Junta de Andalucía, concretamente desde la Consejería de Empleo, se organizó un sistema con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, sociolaborales y directas a trabajadores, que desde el año 2000 se prolongó durante aproximadamente 12 años.

Y agrega que el sistema permitía disponer de importantes cantidades de dinero, que ascienden a 855 millones de euros, para hacer efectivos aquellos pagos sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las referidas ayudas.

El Supremo explica que, según la exposición razonada de la investigación, hay indicios de la participación en los hechos de los aforados, derivados de su posición de alta y especial responsabilidad política y su intervención en las decisiones de creación o mantenimiento del sistema, llegando en algún caso a ejecutar actuaciones concretas.