Defensa de la «Parot» en Estrasburgo : «¿Es igual un asesinato que 132?»

«¿Es igual uno que 132?, ¿es igual un asesinato que 132 asesinatos?». Con estas preguntas comenzó el abogado del Estado Isaac Salama su intervención ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que pidió que se revocase la sentencia de una de sus secciones que estimó el recurso de la etarra Inés del Río que vino a anular la «doctrina Parot». Y la finalizó, quizá para que los 17 jueces retuviesen el mensaje que se que quería transmitir de las consecuencias de confirmar esa resolución, con una afirmación en la que respondía a los interrogantes: «Uno no puede ser igual que 132. Nadie puede entender que 132 sea igual a uno. La política penitenciaria de un Estado no puede ser sensible a este tema».

A las 9:15 comenzaba la vista por el recurso interpuesto por el Gobierno contra la sentencia dictada por siete magistrados –entre ellos el español Luis López Guerra– que permitiría la inmediata puesta en libertad de 54 terroristas de ETA, 7 del Grapo, uno viculado al GAL, otro del Exercito Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe y 17 delincuentes multirreincidentes condenados por delitos de violación (uno de ellos por 74) y asesinatos, entre otros. En primer lugar, tomaron la palabra los tres abogados ingleses contratados para la defensa de Del Río Prada –cuyos gastos son costeados por Sortu–, quienes solicitaron la confirmación de la primera sentencia. Además, aseguraron que a la etarra se le habían prorrogado nueve años en prisión. Insistieron en que la «Parot» no es un cambio jurisprudencial, sino un cambio de legislación al decidir una nueva forma de computar los beneficios penitenciarios, por lo que aseguraron que se aplicó una ley de forma retroactiva a la ex miembro del «comando Madrid». Cuando el Tribunal Supremo avaló el criterio de aplicarlos «pena a pena», en 2006, lo que hizo, segun los letrados ingleses, fue «legislar por la puerta de atrás».

Por su parte, Salama recordó cómo en esa sentencia ya se destacaba que no podía darse igual tratamiento penitenciario a quien «ha cometido un asesinato que 200», en referencia al número de crímenes que perpetró Henry Parot, y cuando la Audiencia Nacional decidió retrasar su excarcelación al computarle las redenciones penitenciarias «condena a condena». En cambio, destacó que la sentencia impugnada supone que el autor de un asesinato «reciba el mismo tratamiento que los 25 crímenes y 24 tentativas» de Inés del Río.

Su intervención puede resumirse en cuatro puntos centrales: no hubo aplicación retroactiva de ninguna ley, sino un cambio jurisprudencial en la aplicación de los beneficios penitenciarios; la terrorista conocía desde la primera condena y, sobre todo, desde un auto de la Audiencia de 2001 –«que no recurrió», en el que se fijaba su excarcelación para el 27 de junio de 2017–, que la política penitenciaria es competencia exclusiva del Estado y que el TEDH no puede revisar, y las consecuencias «para la seguridad» ciudadana y para las víctimas que tendría su derogación.

Respecto a los dos primeros puntos, esgrimió que si la ley se le hubiese aplicado de forma restrictiva tendría que cumplir no 30, sino 40 años de cárcel, que es lo que establece el nuevo Código Penal para delitos de terrorismo. En cambio, destacó, lo que se ha producido, a partir de la sentencia del Tribunal Supremo, ha sido un cambio en la ejecución de la pena, algo que no afecta a la pena en sí misma. En España, incidió, la ejecución de las penas corresponde a los jueces, y la etarra ya sabía «desde el primer momento que tendría que cumplir las penas impuestas, hasta los 30 años». Y resumió este apartado: «En el caso Del Río no ha habido reforma legal aplicada retroactivamente, sino una sentencia del Supremo, confirmada por 25 sentencias del Constitucional, que ha establecido jurisprudencia sobre cómo aplicar la ejecución de las penas impuestas».

El último mensaje fue un aviso: «La jurisprudencia de 2006 se ha aplicado a terroristas, pero también a los mayores criminales», y advirtió de que «los más peligrosos saldrán sin cumplir la pena y sin rehabilitar».

Fuentes del Ministerio aseguraron a este periódico que los representantes del Gobierno habían quedado muy satisfechos de cómo fue la vista y que las dos preguntas que les formularon (el cáracter político de la doctrina y cuántos saldrían a la calle si queda suspenso) podría ser positivo para España. No creen que haya sentencia hasta el mes de julio.